• La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora recuerda que ya han sido objeto de sentencias por los mismos ilícitos
• Denuncia que vuelven a incurrir en propaganda gubernamental y promoción personalizada con recursos públicos, ahora con el pretexto de la pandemia
A nombre del GPPRD, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora demandó la comparecencia de diversos funcionarios federales ante el Congreso de la Unión para responder por las ilegalidades en que incurren en la entrega de apoyos gubernamentales para supuestamente paliar la crisis agravada por la pandemia del Covid 19.
La legisladora por Veracruz solicitó a la Comisión Permanente del Congreso respaldar su demanda a través de una propuesta de acuerdo en la cual considera necesaria la rendición de cuentas por parte de dichos funcionarios.
Se trata de las titulares de las secretarías De Economía y Del Bienestar, respectivamente Graciela Márquez Colín y María Luisa González Albores, así como del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y del Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández.
Rodríguez Zamora consideró necesario que informen del “Programa de Financiamiento a Empresas Familiares”; la distribución de cartas con promoción personalizada del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la utilización del llamado “Censo del Bienestar”, y la participación de los empleados del gobierno denominados “Servidores de la Nación” en la asignación, entrega y cobranza de créditos del mencionado programa, pues todos ellos incurren en propaganda y promoción personalizada de servidor público.
Recordó que este Programa consiste en la entrega de 2 millones de créditos de 25 mil pesos cada uno y fue anunciado por el Presidente el 23 de abril con el objetivo de ayudar a empresas familiares a enfrentar las condiciones económicas adversas ocasionadas por la pandemia del Covid-19.
Tiene dos modalidades: un millón de créditos a empresas informales y autoempleados, y un millón de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas formales que no hayan despedido personal durante abril.
Para informales y autoempleados, el principal requisito sería inscribirse en el llamado “Censo del Bienestar” y que los beneficiarios serían seleccionados por los “Servidores de la Nación”, quienes recabarían solicitudes y documentación para luego entregar los apoyos.
Sin embargo, Rodríguez Zamora recordó que los supuestos “Servidores de la Nación” ya han sido objeto de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde diciembre pasado por uso indebido de recursos y desacato al Instituto Nacional Electoral (INE).
La diputada perredista señaló que Zoé Robledo, por su parte, también incurrió en irregularidades al distribuir cartas con la firma del Presidente a empresas beneficiarias del programa de apoyos del IMSS, según determinó el INE al resolver quejas de diversos partidos, entre ellos, del PRD, el pasado 27 de abril.
Aunque Zoé Robledo dijo que acataría las medidas cautelares del INE, luego anunció que las impugnaría a través de 32 abogados comandados desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, por lo que eventualmente persistiría en su ilegal comportamiento de distribuir cartas con la firma del Presidente en tanto el TEPJF resuelve el fondo del asunto.
“Ni las declaraciones públicas del Presidente de la República y los funcionarios federales aludidos, ni los Lineamientos de Operación publicados en el Diario Oficial de la Federación, han precisado la población objetivo, metodología de focalización, metas, indicadores y avances del “Programa de Apoyo Financiero a Empresas Familiares”, información que, en ejercicio de sus funciones de control del Ejecutivo, el Congreso de la Unión debe conocer”, por lo que los citados funcionarios deben comparecer para responder, afirmó Rodríguez Zamora.
