Luis Ortiz
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, la diputada local Anilú Ingram cuestionó cuántos de los elementos de la dependencia cuentan con el Certificado Único Policial activo y en regla, debido a diversos incidentes que se han dado, como agresiones y asesinatos entre ellos. A la par, destacó la importancia de este proceso para garantizar la idoneidad del personal operativo y, por ende, la seguridad pública en la entidad.
La diputada Ingram basó su interrogatorio en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, específicamente en el Artículo 153, que establece que el Centro de Evaluación y Control de Confianza es responsable de emitir el Certificado Único Policial a aquellos que han superado satisfactoriamente los controles necesarios. Además, resaltó los Artículos 260 y 261 de la misma ley, que enfatizan la obligatoriedad de que todo personal operativo mantenga este certificado vigente para su contratación y continuidad en las instituciones policiales.
La pregunta concreta de la diputada Ingram fue: «¿Cuántos de nuestros oficiales, de todas las plazas que conforman nuestra seguridad pública, actualmente cuentan con el Certificado Único Policial activo y en regla?». Y subrayó que esta cifra no es simplemente una estadística, sino un barómetro de la salud operativa de la fuerza policial y, por ende, un elemento crítico en la lucha contra la inseguridad, que ha sido un terrible mal que ha aquejado a los veracruzanos desde hace muchos años.
Además, Ingram Vallines solicitó al Secretario de Seguridad Pública de Veracruz dé una explicación detallada de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que deberían estar en lugar para prevenir incidentes relacionados con la falta de certificación policial así como el papel concreto que desempeñan entidades clave como el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública, la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste y el Centro de Evaluación y Control de Confianza en la mitigación de riesgos y en la garantía de que tales sucesos no se repitan.
La diputada Anilú Ingram recalcó la importancia de respuestas que no solo atiendan a la responsabilidad administrativa, sino que también honren el compromiso ético hacia el pueblo de Veracruz y las familias que claman por justicia. Resaltó la necesidad de soluciones concretas que aborden las deficiencias en el proceso de certificación policial, que ha sido identificado como uno de los principales errores en las corporaciones de seguridad pública en el estado y que ha contribuido a los alarmantes índices de inseguridad.
Asimismo, la Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso Local cuestionó sobre la relación que existe entre los incrementos presupuestales y el aumento en el número de plazas.
Para finalizar Ingram Vallines señaló: “es inaceptable que, de cada 10 pesos autorizados por esta Legislatura para seguridad, sólo 4 estén sujetos a un proceso de evaluación que mida resultados concretos. No es posible que los resultados plasmados en los Informes Trimestrales de gasto sólo revisamos si están bien gastados o no, si cumplen con la normativa o no, si se los roban o no, si se lo subejercen o no”.
