sábado, diciembre 14, 2024
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    ANTE LA ILEGALIDAD, UNIDAD Y PRINCIPIOS

    Al pueblo de México:

    La noche del pasado viernes 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el “Plan B” de la reforma electoral, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.

    La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.

    Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo.

    Las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE.
    Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen.

    Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.

    La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.

    La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía.

    Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales.

    Marina del Pilar Avila Olmeda
    Gobernadora de Baja California

    Rutilio Cruz Escandón Cadenas
    Gobernador de Chiapas

    Evelyn Salgado Pineda
    Gobernadora de Guerrero

    Cuauhtémoc Blanco Bravo
    Gobernador de Morelos

    Sergio Salomón Céspedes Peregrina Gobernador
    de Puebla

    Rubén Rocha Moya
    Gobernador de Sinaloa

    Américo Villarreal Anaya
    Gobernador de Tamaulipas

    Víctor Manuel Castro Cosío
    Gobernador
    de Baja California Sur

    Claudia Sheinbaum Pardo
    Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

    Julio Menchaca Salazar
    Gobernador de Hidalgo

    Miguel Ángel Navarro Quintero
    Gobernador de Nayarit

    María Elena H. Lezama Espinosa
    Gobernadora de Quintana Roo

    Alfonso Durazo Montaño
    Gobernador de Sonora

    Lorena Cuéllar Cisneros
    Gobernadora de Tlaxcala

    Layda Sansores San Román
    Gobernadora de Campeche

    Indira Vizcaíno Silva
    Gobernadora de Colima

    Alfredo Ramírez Bedolla
    Gobernador de Michoacán

    Salomón Jara Cruz
    Gobernador de Oaxaca

    Ricardo Gallardo Cardona
    Gobernador de San Luis Potosí

    Carlos Manuel Merino Campos
    Gobernador de Tabasco

    Cuitláhuac García Jiménez
    Gobernador de Veracruz

    David Monreal Ávila
    Gobernador de Zacatecas

    Mario Delgado Carrillo
    Presidente Nacional de Morena

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