Al pueblo de México:
La noche del pasado viernes 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió a trámite una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y le otorgó la suspensión contra el “Plan B” de la reforma electoral, el cual tiene como propósito reducir el costo desmesurado de los procesos electorales, reforzar los principios democráticos fundamentales y adelgazar el pesado aparato burocrático y la carga presupuestal del INE.
La determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea; la Carta Magna establece que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y de acuerdo con la ley reglamentaria, no hay lugar a suspender las normas generales.
Además, violenta el equilibrio de poderes, en la medida en que uno solo de los ministros suprime de un plumazo reformas de la representación popular legítima depositada en el Poder Legislativo.
Las reformas suspendidas no ponen en riesgo de manera alguna los procesos electorales o el funcionamiento del INE.
Su propósito es garantizar una auténtica democracia, racionar los recursos públicos, acabar con los excesos y las prácticas fraudulentas del viejo régimen.
Es inevitable ver en esta decisión el interés de obstaculizar la transformación nacional que se lleva a cabo por mandato popular, preservar los cotos de poder de élites, tecnocracias y burocracias, impedir la aplicación de la austeridad republicana en la institución electoral y mantener en pie los rescoldos de un régimen político antipopular, antidemocrático y lastrado por privilegios injustificables.
La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los Poderes de la Unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento.
La transformación de la vida pública de México está en curso y no podrá ser detenida mediante maniobras tramposas y de dudosa legalidad para beneficiar a la oligarquía.
Quienes firmamos este texto manifestamos nuestra más resuelta decisión de seguir pugnando, en el marco de la legalidad y por medios pacíficos y democráticos, por la renovación y la moralización de las instituciones nacionales.
Marina del Pilar Avila Olmeda
Gobernadora de Baja California
Rutilio Cruz Escandón Cadenas
Gobernador de Chiapas
Evelyn Salgado Pineda
Gobernadora de Guerrero
Cuauhtémoc Blanco Bravo
Gobernador de Morelos
Sergio Salomón Céspedes Peregrina Gobernador
de Puebla
Rubén Rocha Moya
Gobernador de Sinaloa
Américo Villarreal Anaya
Gobernador de Tamaulipas
Víctor Manuel Castro Cosío
Gobernador
de Baja California Sur
Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Julio Menchaca Salazar
Gobernador de Hidalgo
Miguel Ángel Navarro Quintero
Gobernador de Nayarit
María Elena H. Lezama Espinosa
Gobernadora de Quintana Roo
Alfonso Durazo Montaño
Gobernador de Sonora
Lorena Cuéllar Cisneros
Gobernadora de Tlaxcala
Layda Sansores San Román
Gobernadora de Campeche
Indira Vizcaíno Silva
Gobernadora de Colima
Alfredo Ramírez Bedolla
Gobernador de Michoacán
Salomón Jara Cruz
Gobernador de Oaxaca
Ricardo Gallardo Cardona
Gobernador de San Luis Potosí
Carlos Manuel Merino Campos
Gobernador de Tabasco
Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador de Veracruz
David Monreal Ávila
Gobernador de Zacatecas
Mario Delgado Carrillo
Presidente Nacional de Morena
