XALAPA, VER. — Al formalizarse el inicio del proceso electoral 2026-2027 para la renovación de las diputaciones locales en el estado de Veracruz, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC), encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, puso en duda la neutralidad del Organismo Público Local Electoral (OPLE) como árbitro del contienda.
En entrevista, el dirigente partidista enfatizó que la institución carece de la confianza de su fuerza política, al tiempo que recordó la vigencia de la denuncia interpuesta en contra de la consejera presidenta del organismo, Marisol Delgadillo Morales, por la presunta alteración de boletas electorales en los municipios de Papantla y Poza Rica durante los pasados comicios.
Carbonell de la Hoz sostuvo que las irregularidades y señalamientos de presunta corrupción no se limitan al ámbito administrativo local, sino que se alinean a las controversias recientemente expuestas a nivel federal en el Instituto Nacional Electoral (INE).
«Existen serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia del instituto nacional; advertimos dinámicas que comprometen la equidad institucional tanto en el INE como en el OPLE. La gestión de los órganos electorales muestra una marcada afinidad política que vulnera su autonomía», aseveró el dirigente.
Exigen auditorías profundas al gasto electoral
Respecto al manejo de las finanzas en el árbitro local, el líder de MC señaló que la revisión de las contrataciones realizadas por el OPLE en procesos anteriores no debe limitarse a informes internos. En su lugar, demandó la intervención directa de los órganos fiscalizadores oficiales.
En este sentido, hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz para que realicen auditorías integrales, exhaustivas y de conocimiento público sobre el destino de los recursos presupuestales asignados al organismo.
Asimismo, adelantó que el equipo jurídico de Movimiento Ciudadano evalúa la presentación de un paquete de denuncias adicionales ante las instancias correspondientes, tanto en el fuero local como en el federal. Como primera medida, el partido buscará mesas de trabajo formales con las entidades de fiscalización para solicitar garantías de legalidad y rigor técnico en las investigaciones en curso, e instó a erradicar de manera definitiva cualquier práctica de tráfico de influencias en la administración del presupuesto electoral.
