Por Luis Ortiz
Boca del Río, Ver.- La defensa adecuada de una persona involucrada en un proceso penal no debe limitarse a que tenga asignado un abogado, sino que es necesario comprobar que este realice acciones efectivas para proteger sus derechos, señaló la abogada Daniela Suárez de los Santos, durante el encuentro denominado “Las Voces del Nuevo Poder Judicial”.
Al participar en la mesa inaugural, la abogada abordó el tema del derecho a una defensa materialmente adecuada y explicó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la designación de un profesionista con título de abogado no es suficiente para garantizar este derecho.
Detalló que los defensores deben demostrar un mínimo de diligencia en el ejercicio de su trabajo, lo que implica presentar pruebas, interponer recursos y realizar las acciones legales necesarias para representar efectivamente a sus defendidos.
Advirtió que cuando un abogado omite estas responsabilidades puede colocar a la persona procesada en una situación de desventaja frente a la Fiscalía, además de impedirle acceder a otras instancias judiciales o promover un juicio de amparo cuando no se presentan los recursos dentro de los plazos establecidos.
En ese sentido, explicó que los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de revisar que el derecho a la defensa se haya garantizado tanto en el aspecto formal como en la práctica, con el propósito de evitar que se confirmen resoluciones injustas.
Subrayó que en los procedimientos penales está en juego la libertad de las personas, por lo que los tribunales colegiados de circuito deben asumir su función constitucional de proteger los derechos humanos y garantizar que las resoluciones se apeguen a lo establecido en la Constitución.
Asimismo, destacó que quienes acuden a la justicia federal deben encontrar tribunales independientes e imparciales, con la certeza de que sus derechos serán protegidos sin distinciones.
Sobre la importancia de realizar encuentros como este, Suárez de los Santos consideró que permiten reducir la distancia entre las instituciones judiciales y la ciudadanía, al explicar de manera accesible las funciones que desempeñan jueces y magistrados.
Finalmente, señaló que estos espacios también contribuyen a que la población conozca el trabajo de las personas juzgadoras que fueron electas mediante el voto y que ahora forman parte del Poder Judicial de la Federación, así como las responsabilidades que tienen en la protección de la Constitución y los derechos de las personas.













