Cinthya Trinidad
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se prepara para recibir y analizar un paquete de más de 40 expedientes relacionados con posibles irregularidades electorales. Las denuncias, que actualmente se encuentran en fase de integración ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, particularmente en la Comisión de Quejas y Denuncias, señalan principalmente el presunto uso de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña.
«Tenemos el dato de las quejas que están interpuestas aquí ante el organismo público que me parece que son un poco más de 40 y bueno, eventualmente estas van a llegar al tribunal para ser sancionadas», declaró en entrevista el Presidente del TEV, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos.
Una vez que el TEV recibe los expedientes debidamente integrados por la autoridad investigadora, explicó, el proceso entra en una etapa de revisión interna. Cada ponencia del Tribunal analiza el caso de manera independiente para determinar si el expediente cuenta con los elementos necesarios para su resolución.
Tras este análisis, se plantea un proyecto de sentencia ante el pleno, en el cual se definirá la existencia o inexistencia de la infracción electoral denunciada.
El marco jurídico electoral contempla un catálogo específico de sanciones que varía según el sujeto obligado, distinguiendo entre ciudadanos, aspirantes a candidaturas y servidores públicos.
En el caso de servidores públicos, los tribunales electorales no cuentan con atribuciones directas para imponer una sanción, en caso de encontrar alguna responsabilidad. Su función consiste en realizar la declaratoria de la infracción y calificar la gravedad de la conducta. Una vez que el Tribunal determina la responsabilidad, el expediente se pone a disposición del superior jerárquico del servidor público para que sea esta instancia la encargada de aplicar la sanción correspondiente.
Aunque las sentencias funcionan como un antecedente formal en el historial del actor político, estas no generan por sí solas una inhabilitación automática para futuros registros de candidatura, salvo en casos de gravedad extrema o reincidencia que así lo determinen los criterios jurisdiccionales.
Aunque la mayoría de los funcionarios suelen conducirse con prudencia para evitar comprometer la equidad y la imparcialidad de los procesos democráticos, si hay quienes caen en responsabilidades.
