Por Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- El especialista en materia inmobiliaria, Pedro Fernández Martínez, consideró necesario reforzar la legislación estatal para que las autoridades puedan exigir a los propietarios atender inmuebles que representen un peligro para la población y, en casos extremos, recurrir a la expropiación cuando esté comprometida la seguridad de las personas.
Luego de que el Ayuntamiento de Veracruz informara que cerca de 40 edificios del Centro Histórico presentan algún grado de deterioro estructural, señaló que es indispensable contar con herramientas legales más eficaces para prevenir accidentes y proteger a quienes transitan por esa zona.
Indicó que la normativa vigente requiere modificaciones que permitan obligar a los dueños de estos inmuebles a realizar trabajos de rehabilitación antes de que ocurra un colapso u otro incidente de consecuencias graves.
«Es necesario actualizar la legislación para que exista la obligación de intervenir estos edificios antes de que se registre una tragedia. Cuando está de por medio la vida de las personas, no puede haber omisiones», expresó.
Fernández Martínez explicó que no basta con delimitar las áreas de riesgo, sino que también debe exigirse a los propietarios efectuar las reparaciones correspondientes con base en dictámenes de especialistas en ingeniería estructural y bajo supervisión técnica.
Añadió que, si los dueños se niegan a intervenir inmuebles que representen un peligro evidente, la expropiación podría ser una alternativa legal, ya que el interés público y la protección de la vida deben prevalecer sobre cualquier otro interés.
Asimismo, precisó que no todos los edificios ubicados en el Centro Histórico están catalogados como monumentos protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que consideró que no es correcto atribuir únicamente a ese organismo la responsabilidad por el deterioro de los inmuebles.
Finalmente, sostuvo que la recuperación del Centro Histórico debe impulsarse mediante una estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, con acciones como incentivos fiscales, programas de rehabilitación de fachadas, la creación de un comité ciudadano y proyectos que fomenten el repoblamiento de la zona.
