Por Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) mantiene abiertos procedimientos contra diversas granjas avícolas, porcícolas y otras empresas debido a presuntos incumplimientos de la normatividad ambiental. En algunos casos, las autoridades han detectado que los establecimientos continuaron trabajando pese a tener sellos de clausura.
El procurador estatal de Medio Ambiente, Ángel Carrizales López, explicó que las denuncias ciudadanas han llevado a la dependencia a realizar revisiones en granjas, bancos de materiales y otras instalaciones, principalmente en municipios como Cotaxtla, Cuitláhuac y Yanga.
Entre los casos atendidos recientemente se encuentra una granja avícola de la región de las Altas Montañas, cuya clausura fue realizada con la participación del propio funcionario. Posteriormente, durante una revisión, se encontró que los sellos colocados por la autoridad habían sido quebrantados.
Carrizales López omitió proporcionar el nombre de la empresa debido a que el procedimiento continúa bajo reserva, aunque confirmó que el retiro o ruptura de los sellos ya ha generado acciones por la vía legal.
El funcionario señaló que actualmente son numerosas las empresas que permanecen bajo procedimiento ante la PMA, aunque en ese momento no contaba con el número preciso. También reconoció que todavía existen negocios que presentan bajos niveles de cumplimiento en materia ambiental.
En el caso particular de las granjas avícolas, indicó que las autoridades deben valorar las condiciones existentes antes de ejecutar una clausura, debido a que una suspensión de actividades puede involucrar también aspectos relacionados con el bienestar de los animales.
Explicó que la Procuraduría busca hacer cumplir la legislación ambiental cuando una empresa carece de permisos o desarrolla actividades que generan afectaciones al entorno, pero procurando que las acciones de la autoridad también consideren la situación de los animales que se encuentran en las instalaciones.
Durante el actual ejercicio fiscal, la PMA ha efectuado 555 inspecciones, de acuerdo con Carrizales López, quien aseguró que los operativos de vigilancia forman parte de las actividades que la dependencia realiza diariamente.
En cuanto a los establecimientos que rompen o retiran los sellos colocados durante una clausura, el procurador advirtió que esa conducta puede llevar el caso al ámbito penal y generar nuevas consecuencias legales para los responsables.
Como parte de las medidas para fortalecer el cumplimiento de las sanciones, adelantó que la PMA buscará establecer coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
Carrizales López también exhortó a las empresas que mantienen algún procedimiento abierto a acercarse a la Procuraduría para buscar su regularización antes de que los casos deriven en consecuencias jurídicas de mayor alcance.
Respecto a las multas, aclaró que no existe una tarifa general para todos los establecimientos, ya que el monto se establece considerando aspectos como la cantidad de irregularidades detectadas, el posible daño ambiental y la capacidad económica de cada empresa.
De esta manera, explicó, una empresa que únicamente tenga pendiente algún documento no recibe necesariamente la misma sanción que un establecimiento al que se le atribuya una afectación ambiental de mayor magnitud, como la contaminación de un cuerpo de agua.
Finalmente, el procurador descartó que hasta ahora se hayan identificado actos de corrupción vinculados con las empresas sometidas a inspección y señaló que la PMA ha fortalecido los mecanismos de vigilancia durante las diligencias.
Entre estas medidas se encuentra el uso de cámaras corporales por parte de los inspectores, con las cuales se busca dejar registro de las actuaciones y brindar certeza jurídica tanto a los funcionarios como a las empresas durante las inspecciones.
