Por Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- Representantes sindicales y agrupaciones de jubilados solicitaron al Congreso de Veracruz considerar una partida cercana a los 13 mil millones de pesos para el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) dentro del presupuesto correspondiente a 2027.
Durante una conferencia de prensa, señalaron que el monto resulta necesario para mantener la operación financiera del organismo y garantizar el pago de las pensiones a más de 38 mil jubilados y pensionados.
Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), pidió a los legisladores tomar en cuenta las necesidades económicas del instituto al momento de discutir y aprobar el próximo presupuesto.
Los representantes sindicales también fijaron su postura en contra de una eventual modificación al sistema solidario de pensiones para sustituirlo por un esquema basado en cuentas individuales. Consideraron que un cambio de este tipo afectaría las condiciones de seguridad social de los trabajadores y quienes ya se encuentran jubilados.
Asimismo, hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para mantener vigente el modelo solidario y que el Gobierno del Estado continúe asumiendo la responsabilidad que le corresponde en el financiamiento de las pensiones, de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado.
Como alternativa para atender esta obligación, propusieron recurrir a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Las organizaciones recordaron que el acceso a la seguridad social está contemplado como un derecho humano en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También mencionaron recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos relacionadas con la obligación de garantizar el pago oportuno de las prestaciones de los pensionados.
Entre ellas citaron la Recomendación 32/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Recomendación 16/2016 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, esta última dirigida al IPE y a la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación para prevenir afectaciones en el pago de las pensiones.
El posicionamiento fue respaldado por el STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C., el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT), así como el Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa.
Las agrupaciones advirtieron que una asignación presupuestal menor a la requerida podría limitar la capacidad del IPE para atender sus compromisos con los derechohabientes.
Finalmente, señalaron que un eventual incumplimiento en los pagos podría generar inconformidad entre los pensionados y trabajadores, además de provocar nuevas movilizaciones y protestas en distintos puntos del estado.
