Propuesta Cívica advierte sobre posibles riesgos de censura, discriminación entre comunicadores y exposición de datos personales
Por Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- La propuesta para crear un padrón de comunicadores en Veracruz ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, ante el riesgo de que un registro de este tipo termine siendo utilizado para determinar quién puede ser considerado periodista en la entidad.
Carlos Domínguez, integrante del equipo legal de Propuesta Cívica, señaló que ningún registro estatal debería ser obligatorio ni quedar bajo criterios gubernamentales que permitan definir quién ejerce el periodismo.
Advirtió que una medida de esta naturaleza podría generar una división entre comunicadores considerados “reconocidos” y aquellos que queden fuera, pese a que corresponsales de medios nacionales, periodistas comunitarios y otros trabajadores de la comunicación cumplen funciones relevantes para la sociedad.
Desde su perspectiva, cualquier mecanismo de registro tendría que surgir de un proceso de diálogo amplio con el gremio y, sobre todo, mantener un carácter voluntario. También consideró que su finalidad debería estar relacionada con la protección de los periodistas y no con mecanismos de control.
Otro de los puntos que genera inquietud es el manejo de la información personal de quienes eventualmente formen parte del padrón. Ingrid Midori Pérez, coordinadora del área legal de Propuesta Cívica, advirtió que concentrar datos sensibles de periodistas podría representar un riesgo en caso de filtraciones o de un uso indebido por parte de terceros.
La especialista cuestionó además si las autoridades cuentan con mecanismos suficientes para garantizar la protección de esa información, al señalar que la discusión sobre este tipo de registros también se mantiene en otras entidades del país, como Puebla.
Ante este escenario, los integrantes de la organización consideraron que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en documentar las agresiones contra periodistas, mediante un registro nacional que permita conocer con precisión casos de asesinatos, desapariciones, amenazas y otras formas de violencia contra el gremio.
La información, señalaron, serviría para identificar patrones de riesgo y establecer medidas de prevención antes de que las agresiones escalen.
Propuesta Cívica también expresó preocupación por el uso de procesos judiciales como una vía de presión contra periodistas. Entre los mecanismos señalados se encuentran las denuncias penales y procedimientos relacionados con violencia política de género, que, de acuerdo con la organización, pueden convertirse en procesos prolongados y costosos.
El riesgo, advirtieron, es que las cargas económicas y legales terminen provocando que periodistas opten por limitar sus investigaciones o publicaciones para evitar enfrentar procedimientos que puedan prolongarse durante meses o años.
