Habitantes de diversas comunidades de los municipios de Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan lanzaron una advertencia sobre lo que califican como el «fracaso del Estado mexicano» para proteger la salud pública.
En una reunión celebrada el pasado 29 de marzo en la localidad de El Naranjo, los pobladores dieron a conocer una posible emergencia sanitaria y ambiental debido a la expansión desmedida de cultivos de papa que utilizan plaguicidas altamente peligrosos.
El lugar de la concentración, la escuela primaria Adolfo López Mateos, plantel educativo, cumple tres años cerrado, no por falta de alumnos, sino porque las fumigaciones constantes intoxicaron a estudiantes y docentes. Según denunciaron los afectados, la respuesta de las autoridades ante el riesgo no fue detener el uso de químicos, sino clausurar la escuela, dejando un edificio vacío.
Desde hace más de una década, el cultivo intensivo de papa se ha extendido en la cuenca alta del río La Antigua, desplazando sistemas agroforestales tradicionales como el café de sombra, la nuez de macadamia y la producción de truchas, que dependen de agua limpia.
«Se siembra a menos de un metro de las casas y escuelas, contaminando el aire que respiramos y el agua que bebemos», señalaron representantes de comunidades.
Lo anterior ha impactado en la salud de la niñez pues se han registrado menores con asma, problemas hormonales y trombocitopenia; adolescentes con tumores que han requerido múltiples cirugías y familias que, ante la imposibilidad de vivir en un entorno tóxico, han optado por el desplazamiento forzado, abandonando sus hogares y dividiendo sus núcleos familiares para buscar refugio.
Los pobladores advirtieron que este no es un conflicto exclusivo de las zonas rurales porque la subcuenca afectada abastece el 38% del agua que consume la ciudad de Xalapa, lo que implica que la contaminación por plaguicidas representa una amenaza latente para la salud pública de la capital del estado.
A pesar de que el Reglamento Municipal de Ecología de Tlalnelhuayocan prohíbe el uso de agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas pobladas, y que existe la Recomendación 82/2018 de la CNDH al respecto, la ley es «letra muerta».
Los denunciantes señalaron un vacío de poder y que la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) está «rebasada», mientras que la PROFEPA argumenta falta de competencia mientras que la Secretaría de Salud (SESVER) carece de programas de vigilancia epidemiológica para atender a las víctimas.
Ante la violación sistemática del Artículo 4° constitucional —que garantiza el derecho a la salud y a un medio ambiente sano—, las comunidades exigen formalmente al Gobierno del Estado de Veracruz que se emita una Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
Los habitantes aseguran que la evidencia es irrefutable y que no descansarán hasta que el derecho a la vida y al arraigo en sus tierras prevalezca sobre los intereses comerciales de la agroindustria.
Los afectados son de las comunidad El Naranjo, Otilpan, Xolostla, Mesa Chica y Zoncuantla, pertenecientes a Coatepec y Tlanelhuayocan.
