Cinthya Trinidad
El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Constituyente Salazar Ceballos informó que el pleno se encuentra analizando un proyecto inicial de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, el cual plantea solicitar alrededor de 114 millones de pesos. Esta cifra representa un ajuste respecto a los 93 millones de pesos que se ejercen actualmente.
La propuesta busca atender las necesidades operativas del órgano jurisdiccional derivadas de la obsolescencia del equipo de cómputo, el mantenimiento integral del edificio, la renovación de tres vehículos y el incremento sustancial en la demanda de servicios por el proceso electoral.
El magistrado destacó que al ser proceso electoral el próximo año, la mayor exigencia laboral provendrá del desahogo de medios de impugnación y, principalmente, de la resolución de Procedimientos Especiales Sancionadores por actos anticipados de campaña y diversas infracciones, en un contexto de alta competitividad.
Ante este panorama, se contempla retomar la contratación de personal eventual por un periodo de seis meses para reforzar las ponencias. En ese sentido dijo que se prevé la incorporación de aproximadamente 18 personas eventuales, pero reiteró que el dependerá de la aprobación del presupuesto.
No obstante, Salazar Constituyentes recordó que en los últimos dos procesos electorales anteriores no se autorizó el presupuesto requerido, obligando al personal de planta a absorber la carga laboral mediante horas extra.
Dado el antecedente y en caso de sufrir recortes, el presidente señaló que se buscará optimizar los recursos disponibles para garantizar la operación del tribunal.
Reglas de la presidencia y vigencia del mandato
Cuestionado sobre la posibilidad de que una magistratura en funciones o provisional asuma la presidencia del órgano, precisó que existe un criterio claro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al respecto:
«Las personas que ocupan de manera provisional o en funciones una magistratura no pueden ocupar la presidencia; tiene que ser una persona designada necesariamente por el Senado.»
No obstante, aclaró que la renovación del liderazgo no es un tema urgente, ya que su periodo al frente de la presidencia del tribunal concluye hasta diciembre de 2027.
