+ ¿Qué papel juega como operadora Olga Morales del Valle, líder de tianguistas de la CROC?
+ ¿Por qué dirigentes sindicales callaron como momiascuando el salario regulador se impuso en la Ley de Pensiones en 2014?
Miguel Valera
¿Dónde estaban los líderes de las 63 organizaciones del ahora llamado “Sindicalismo veracruzano” cuyo lema es “Por la defensa de la base trabajadora al servicio del Estado” cuando en 2014 diputados de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron la Ley Número 287 de Pensiones que contempla el salario regulador?
El sueldo regulador utilizado para determinar algunas de las pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) fue aprobado por el Congreso del Estado en 2014, publicado en la Gaceta el 12 de noviembre de 2015 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y se ha aplicado en procedimientos pensionarios desde 2017.
Esta disposición legal —que curiosamente hoy ha generado mucho interés de quienes por 12 años callaron— fue aprobada por una legislatura entre quienes estaban como diputados y diputadas, por citar algunos, el entonces priista Ricardo Ahued Bardahuil, hoy Secretario de Gobierno morenista; Ana Cristina Ledezma López, hoy líder estatal del PAN; Anilú Ingram Vallines, en ese entonces priista y hoy Delegada del INFONAVIT.
El presidente de la Junta de Coordinación Política era el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, ya fallecido. Priista y líder de la Sección 32 del SNTE, continuó su liderazgo su hijo Juan Nicolás Callejas Roldán, miembro del “Equipo Político” de esta organización. También era diputado priista Paul Martínez Marie —hoy morenista— representando al Distrito XIX de Córdoba, llevando como suplente a Juan Manuel del Castillo, hombre cercanísimo al gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Dos más, para no alargar la lista eran el entonces priista Juan Manuel Velázquez Yunes, quien representaba el Distrito X de Perote y el plurinominal Domingo Bahena Corbalá, quien también saltó del PAN a MORENA.
En esa misma época Olga Morales del Valle, líder de tianguistas, Secretaria General de la Federación Xalapeña CROC, mujer aguerrida, de trabajo y compromiso, era empleada del Ayuntamiento de Xalapa que presidía Américo Zúñiga Martínez. Cito a Olga Morales del Valle, una mujer que también ha mantenido mucha cercanía con el Secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil, porque ella está teniendo un gran protagonismo en este movimiento de los 63 sindicatos veracruzanos que rechazan el salario regulador.
El pasado viernes 25 de septiembre estuvo al centro de la mesa de los líderes del llamado “Sindicalismo veracruzano” en donde por cierto también el maestro Eliseo Islas Chagoya, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA), tuvo una gran participación.
Ahí, la secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), Celeste Angélica Villegas Sánchez, explicó que alrededor de tres mil trabajadores en proceso de jubilación han resentido esta situación, particularmente quienes iniciaron sus trámites a partir de agosto de 2024.
La lideresa —involucrada en serios problemas legales de los que nos ocuparemos en otro momento— afirmó que las organizaciones sindicales buscan evitar que el cálculo de las pensiones se realice mediante un promedio que reduzca el ingreso que correspondería a los trabajadores con base en su último salario tabular.
Otra asistente a esta manifestación, Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas, representante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, quien, dicho sea de paso, ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones y ha participado en muchas sesiones, ahora dice que las afectaciones comenzaron a hacerse evidentes durante 2025, cuando los trabajadores que se retiraban dejaron de recibir una pensión calculada con base en su último sueldo tabular.
En general, muchos de estos sindicatos que hoy protestan —como algunos de ellos lo hicieron en la Secretaría de Educación de Veracruz cuando inició el gobierno de Rocío Nahle García y se intentó desmantelar su red de intereses— vieron afectados sus intereses con el nuevo esquema del salario regulador, por tratos, prebendas y favores políticos que anteriormente podían realizar en las sombras.
La lista es larguísima: movimientos irregulares, venta de plazas o recategorizaciones que afectaban incluso a la gran mayoría de sus agremiados y favorecía a un muy reducido grupo de incondicionales o familiares dentro de sus organizaciones. Compromisos y favores políticos que hoy en día con la aplicación de salario regulador ya no les resultan convenientes.
Politizado, en una madeja de intereses de quién sabe quién, lo que los líderes sindicales no explican con claridad el pasado viernes es que, como lo ha apuntado el IPE, el sueldo regulador comenzó a implementarse desde 2017, conforme a las disposiciones previstas en la legislación pensionaria.
Este mecanismo —y eso deberían de saberlo los líderes cuyos agremiados cotizan a la instancia pensionaria— tampoco alcanza a la totalidad de quienes reciben una pensión. De un universo superior a 38 mil pensionistas, el IPE reporta 3 mil 767 casos en los que se ha aplicado sueldo regulador desde 2017.
Esto significa —nos dicen— que su aplicación depende del régimen pensionario y de las condiciones particulares de cada trabajador, por lo que no constituye una reducción general aplicada a todos los jubilados y pensionados del Estado. El sueldo regulador funciona a partir de un promedio de los salarios de cotización que corresponden considerar conforme a la legislación, en lugar de tomar necesariamente como referencia exclusiva el último salario percibido por el trabajador.
La diferencia cobra relevancia principalmente en aquellos casos donde existieron incrementos salariales importantes durante los últimos años de servicio.
Llama mucho la atención que la aplicación del sueldo regulador tampoco era un asunto desconocido para las representaciones sindicales que participan en los órganos de gobierno del Instituto.
¿Qué pretenden Olga Morales del Valle, Eliseo Islas Chagoya, Celeste Angélica Villegas Sánchez y Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas con este movimiento?
Insistimos: en 2019 Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas estuvo en sesiones del Consejo Directivo acompañando al entonces representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados de Veracruz. Para 2020 aparece en documentación oficial como representante suplente de esa organización sindical dentro del Consejo Directivo.
De acuerdo con información relacionada con dichas sesiones, durante ese periodo fueron sometidos a consideración acuerdos de pensiones y jubilaciones en los que ya existían casos sujetos al cálculo mediante sueldo regulador. Las actas oficiales correspondientes a 2020 documentan además la participación y firma de Hernández Cárdenas como integrante suplente de la representación sindical.
Esto ubica la discusión sobre la figura varios años antes de las inconformidades que actualmente han sido planteadas públicamente.
La libre manifestación es un derecho Constitucional y quienes se ven afectados en cualquier disposición legal de la autoridad tienen que movilizarse, sin embargo, esta movilización abre una discusión sobre los efectos que el sueldo regulador puede tener en casos particulares y sobre la interpretación de las disposiciones transitorias de la Ley 287. Los antecedentes que hemos referido permiten establecer que no se trata de una figura creada recientemente.
La disposición fue aprobada en 2014 y se aplica desde 2017 y ha formado parte durante años de los procedimientos mediante los cuales se determinan determinadas pensiones en Veracruz.
¿A quién le interesa generar ruido en el gobierno de la ingeniera Rocío Nahle García sobre este tema tan sensible para la derechohabiencia del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz? Ya aparecerá el peine.
@MValeraH
