Por Cinthya Trinidad
A propósito del caso de dos regidoras del Ayuntamiento de Tuxpan que dijeron ser vulneradas en el ejercicio de sus funciones luego de votar en contra del presupuesto de su municipio, hay estadísticas tanto del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de Veracruz que respaldan la comisión de conductas que, desafortunadamente, buscan menoscabar la participación efectiva de las mujeres dentro de los espacios publicos y políticos.
La democracia en México y Veracruz sigue enfrentando una asignatura pendiente y alarmante: la garantía de un
espacio libre de agresión para las mujeres en la vida pública. Las cifras recientes expuestas por las autoridades electorales no solo representan fríos números en una estadística, sino la radiografía de un problema sistemático que demanda atención urgente.
A nivel nacional, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPG) del INE evidencia una cifra preocupante: 508 registros que corresponden a 465 personas inscritas (386 hombres y 79 mujeres). Más preocupante aún resulta constatar que la reincidencia persiste, con agresores que han sumado múltiples registros en el padrón.
En este mapa nacional de la impunidad y la agresión política, Veracruz ocupa un vergonzoso e inquietante segundo lugar. Con 56 registros acumulados entre septiembre de 2020 y septiembre de 2026, la entidad solo se ubica por debajo de Oaxaca (126), superando ampliamente a estados como Chiapas (35), Tabasco (24) y el Estado de México (23).
Por otro lado, la evolución de los recursos interpuestos ante el Tribunal Electoral refleja que estás conductas no se han detenido. En el balance de asuntos en los que se adujo la comisión de Violencia Política en Razón de Género (VPG), vemos un incremento sostenido en los juicios y procedimientos:
En 2023 se registraron 59 asuntos en los que se adujo VPG.
Para 2024 la cifra subió a 66 casos.
En 2025 se alcanzó un pico de 83 asuntos.
Hasta el corte del 17 de septiembre de 2026, la cifra se ubica en 59 casos (31 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano – JDC, y 28 Procedimientos Especiales Sancionadores – PES).
Sin embargo, el verdadero contraste radica en la efectividad de la justicia electoral y la acreditación efectiva de estas conductas:
De las quejas presentadas en 2023, se acreditó la violencia en 12 casos.
En 2024, la cifra de casos acreditados fue de 10.
En 2025, de los 83 asuntos planteados, se acreditó la VPG en 20 de ellos.
En lo que va de 2026, se ha acreditado la VPG en 21 casos (6 JDC y 15 PES) de un total de 59 promovidos.
Si bien el incremento en las sanciones y en las denuncias acreditadas en 2025 y 2026 refleja un esfuerzo institucional más firme por investigar y castigar estas conductas, que Veracruz se mantenga como la segunda entidad con más sancionados del país confirma que las medidas preventivas y el compromiso ético de las fuerzas políticas han sido insuficientes.
La violencia política de género menoscaba la democracia misma. Castigar a los agresores e inscribirlos en los registros públicos es un paso necesario, pero erradicar la violencia requerirá transformar de fondo las estructuras políticas que aún la solapan o normalizan.
