Por Cinthya Trinidad
La queja sobre la actuación de la consejera electoral del OPLE Veracruz, María Fernanda Sánchez Rubio, debe recibir un tratamiento minucioso por parte del Consejo General del INE. A Sánchez Rubio se le señala por su actuación dentro del Proceso Electoral Judicial de 2025, debido a un posible conflicto de intereses que sembró severas dudas sobre su neutralidad y puso en entredicho la imparcialidad que debe regir a la materia. Ella sostiene un vínculo matrimonial con Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, quien figuró como candidato y posterior ganador de una magistratura.
El pasado jueves, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, propuso quitar del orden del día el punto relacionado con el proceso de remoción de las consejerias del OPLE Veracruz para revisar con especial detenimiento los alcances del expediente. La queja incluye a los pares de Sánchez Rubio y también a la consejera presidenta Marisol Delgadillo Morales; la resolución que adopte el consejo general sentará un criterio directo para la mesa nacional, sobre todo porque el espejo de este caso tiene nombre y apellido: Carla Humphrey.
Es ampliamente conocido que la consejera nacional del INE sostiene un vínculo matrimonial con Santiago Nieto, quién fue designado por Morena como coordinador de la defensa estatal de la Cuarta Transformación en Querétaro es decir, es un virtual candidato a la gubernatura de esa entidad. Así, la vara con la que el instituto mida la conducta de la consejera veracruzana y al organismo en general, fijará un antecedente vinculante sobre la etica e imparcialidad que deberá observar una de las integrantes más críticas del propio Consejo General.
Sin duda, un asunto de altísima relevancia en la antesala de los próximos procesos electorales estatales, donde valores como la objetividad y neutralidad serán observados en el más mínimo detalle y que sentara a futuro un precedente donde los vínculos matrimoniales estén inmiscuidos.
