Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- En un nuevo episodio que exhibe las fallas estructurales y el abuso de poder en Veracruz, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado mediante el Protocolo de Estambul que Antonio del Río Argudín, exdirigente municipal del desaparecido PRD en el Puerto de Veracruz, fue víctima de tortura durante su detención arbitraria en 2022. Este caso deja en evidencia la incapacidad del gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, para garantizar justicia y respeto a los derechos humanos.
La detención y tortura:
El 9 de febrero de 2022, Del Río Argudín fue detenido bajo cargos de fraude que posteriormente se demostraron infundados, en un operativo que parece más una persecución política que un acto de justicia. Fue trasladado al Centro de Detención Preventiva conocido como “El Penalito”, donde permaneció cuatro meses detenido de manera ilegal. Según el testimonio de la víctima, fue sometido a torturas físicas y psicológicas a manos de Iván Márquez Lucido, entonces director del penal, quien le propinó más de 40 golpes con tablones de madera. Como resultado, Del Río Argudín sufre de una protusión discal crónica que afecta su calidad de vida.
“Fui torturado no por el crimen organizado, sino por la delincuencia institucionalizada dentro del gobierno de Cuitláhuac García. Esto no solo es un abuso de autoridad, es una violación sistemática a los derechos humanos que debe ser castigada”, afirmó Del Río Argudín, quien ahora exige justicia.
El respaldo del Protocolo de Estambul:
El Protocolo de Estambul, un instrumento internacional avalado por la ONU, ha confirmado que Del Río Argudín fue víctima de tortura durante su reclusión. Este documento es considerado una prueba fundamental para documentar y juzgar actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según Del Río Argudín, las pruebas que acreditan su tortura son irrefutables y demandan una acción inmediata de las autoridades.
“La resolución es clara, fui torturado. Exijo la detención inmediata de Iván Márquez Lucido y de quienes resulten responsables, incluyendo a quienes encubrieron estos actos desde el gobierno estatal”, señaló el empresario.
La omisión gubernamental:
Este caso no solo revela los abusos cometidos por funcionarios del sistema penitenciario, sino también la indiferencia del gobierno de Veracruz ante denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos. A casi tres años de los hechos, ni el gobernador Cuitláhuac García ni su administración han tomado medidas para esclarecer el caso o castigar a los responsables. La inacción alimenta una percepción de impunidad y complicidad que erosiona aún más la credibilidad de las instituciones estatales.
¿Justicia a la vista?
Antonio del Río Argudín ha anunciado que buscará la reparación integral del daño y el procesamiento de todos los involucrados, incluido el exdirector de “El Penalito” y otros funcionarios que permitieron o encubrieron las agresiones. Asimismo, exige que las autoridades estatales acaten las resoluciones de la ONU y cumplan con su obligación de garantizar una investigación imparcial y transparente.
Este caso es un recordatorio de que, en Veracruz, la justicia sigue siendo una promesa incumplida. Mientras los responsables permanecen libres y el gobierno guarda silencio, las víctimas de abusos policiales y tortura quedan atrapadas en un sistema que parece diseñado para proteger a los perpetradores. ¿Cuánto tiempo más podrá el gobierno de Cuitláhuac García eludir su responsabilidad?
