Por Rocío Aburto
Coatepec, Ver.- Dos abogados identificados como Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N” fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial y trasladados al Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, donde comparecieron ante un juez de control por su presunta participación en el delito de fraude procesal.
Los litigantes arribaron a las instalaciones judiciales alrededor de las 16:30 horas de este martes 8 de septiembre de 2026, luego de haber sido citados por un juez de control para responder por los hechos que se les imputan.
La detención provocó que alrededor de 30 personas que aseguran haber sido víctimas de despojo de propiedades acudieran a la sala de juicios orales de Pacho Viejo para manifestar sus reclamos y exigir que se investiguen los casos que, afirman, se encuentran relacionados.
En representación de los afectados, Antonio Selem acusó que detrás de estos hechos existiría una estructura a la que denominó “Cartel Inmobiliario”, y señaló como presunta cabeza al abogado Roly Domínguez.
De acuerdo con su señalamiento, entre los litigantes que presuntamente formarían parte de esta estructura se encuentran Rigoberto Peña, Getse Ramírez, Pedro Atilano, Joel García, Miguel Isaac y Pedro Damián, estos dos últimos detenidos este martes.
Asimismo, mencionó que son investigadas Wendy, pareja del litigante Miguel Isaac, así como integrantes de la familia Contreras Salazar, de la localidad Paso La Milpa, municipio de Actopan.
“Son los hermanos Rafael, Armando Contreras Salazar; y la esposa de Rafael que ella nos acusa de violencia dolosa; eso no es verdad: es para justificarse del daño que nos han hecho”, dijo.
Los denunciantes aseguraron que en esta presunta red participarían más de 150 personas, entre ellas jueces del Poder Judicial del Estado de Veracruz, actuarios, peritos, abogados, prestanombres y personas contratadas presuntamente para intimidar y sacar a los propietarios de sus inmuebles.
También señalaron como presuntos prestanombres a Wilibaldo y Magdalena Rojas Castillo, además de mencionar a la abogada Miriam Ceballos.
“Son al menos seis jueces que tendrán que ser investigados y revisados sus procesos porque todo se inicia con documentos falsos y todo termina con un despojo, desalojo o robo”.
Los afectados solicitaron al Gobierno de Veracruz la contratación de un despacho especializado que pueda realizar una investigación de los expedientes y folios relacionados con las propiedades que, aseguran, han sido objeto de procedimientos irregulares.
“Las secuencias procesales están muy claras queremos que se investigue a los notarios públicos, desalojos; que se auditen y se revise folio por folio porque los folios de los notarios hemos visto muchas situaciones irregulares; y no puede ser que el mismo notario sea quien se haga una auto investigación en registro público”, acusaron.
Según los denunciantes, los casos se han presentado en municipios como Xalapa, Coatepec, Alto Lucero, Actopan, Córdoba y Tlalnelhuayocan, entre otros, donde aseguran que distintas personas han perdido ranchos, viviendas, negocios, bodegas y departamentos.
Por ello, exigieron al Gobierno estatal que se realice una auditoría a los 260 notarios públicos con el objetivo de detectar posibles irregularidades y frenar los presuntos fraudes procesales relacionados con inmuebles.
Los afectados señalaron que las operaciones de esta presunta estructura se remontan a aproximadamente seis años atrás y que comenzaron a realizar investigaciones por cuenta propia desde 2024, luego de coincidir con otros casos en los juzgados.
Consideraron que las recientes detenciones representan un avance en su búsqueda de justicia, después de varios años de denunciar presuntas irregularidades en procedimientos judiciales y registrales relacionados con la propiedad de diversos inmuebles.
Entre quienes acudieron a Pacho Viejo se encontraba Luis Castillo Aburto, de 90 años, quien llegó acompañado por sus familiares para exigir la recuperación de una propiedad que, asegura, pertenece a su familia.
Castillo Aburto afirmó ser propietario de un inmueble ubicado en la avenida 20 de Noviembre número 50, con una superficie superior a mil metros cuadrados.
Su hijo, Manuel Ezequiel Castillo, relató que presuntamente fueron despojados del inmueble en 2024.
“Este inmueble es de nuestra familia desde hace 80 años; el 28 de agosto del 2024 nos lo quitaron, nos desalojaron con documentos y firmas falsificadas apoyados por la autoridad”.
La familia afirmó que en el procedimiento presuntamente intervinieron notarios, abogados, jueces y actuarios, por lo que durante los últimos dos años han emprendido acciones legales para recuperar el inmueble.
Para los afectados, la detención de Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N” representa una esperanza de que sus denuncias avancen y puedan recuperar las propiedades que, aseguran, les fueron arrebatadas.
Finalmente, los denunciantes reconocieron la atención recibida por parte de la gobernadora Rocío Nahle García, así como del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, ante los reclamos que han presentado.
“Agradecemos su apoyo. Aún hay muchos casos y hay personas que, por falta de dinero para pagar sus abogados, se han quedado en el olvido”, manifestó Manuel Ezequiel Castillo.
