Veracruz, Ver.- Niñas, niños y adolescentes enfrentan una problemática preocupante en materia de seguridad e integridad personal en Veracruz. Entre enero y agosto de 2026, registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una concentración de denuncias por delitos contra la integridad de menores en seis municipios de la entidad.
De acuerdo con el análisis de incidencia delictiva, que contempla abuso, acoso, violación simple, violación a la intimidad y corrupción de menores, Xalapa encabeza la lista estatal con 175 casos, seguida del puerto de Veracruz, con 171. Después aparecen Coatzacoalcos, con 63; Tuxpan, con 46; Poza Rica de Hidalgo, con 43, y Córdoba, con 41.
En la capital veracruzana, las cifras reflejan una problemática que también se presenta en entornos escolares, comunitarios y digitales. Colectivos y defensores de derechos humanos han advertido sobre investigaciones relacionadas con presuntos casos de abuso y acoso en secundarias y bachilleratos, así como por la difusión de contenido íntimo sin consentimiento a través de redes sociales.
En el puerto de Veracruz, que ocupa el segundo lugar estatal, las denuncias involucran situaciones que pueden presentarse tanto en el entorno familiar como en espacios públicos y medios de transporte, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para niñas, niños y adolescentes.
Coatzacoalcos se ubica en la tercera posición entre los municipios señalados. En esta zona, las dificultades para acceder oportunamente a instancias especializadas de procuración de justicia pueden representar un obstáculo para la atención de quienes enfrentan este tipo de agresiones y para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.
En Córdoba, donde se contabilizaron 41 expedientes, 40 corresponden a delitos contra la integridad personal y uno a corrupción de menores, según los datos referidos. El municipio también ha sido escenario de casos que alcanzaron notoriedad pública, entre ellos las detenciones de un sacerdote y un conserje escolar señalados por presuntos abusos contra menores, situaciones que han puesto atención en la protección que debe garantizarse en espacios religiosos y educativos.
Especialistas advierten que los casos difundidos públicamente no necesariamente reflejan la dimensión total del problema. Los registros acumulados durante ocho meses muestran la importancia de reforzar las medidas de prevención, facilitar las denuncias y garantizar que las personas afectadas reciban atención adecuada.
La protección de niñas, niños y adolescentes requiere la participación coordinada de autoridades, familias, escuelas e instituciones especializadas, a fin de identificar posibles agresiones, evitar que las víctimas sean revictimizadas y asegurar que cada denuncia sea investigada conforme a la ley.
