Por Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- La construcción de dos centros penitenciarios en Medellín de Bravo y Acayucan permitiría distribuir de manera más equilibrada a la población penitenciaria de Veracruz y reducir la saturación de los 16 Centros de Reinserción Social (Ceresos) que actualmente funcionan en el estado, consideró Octavio Pozos Marín, integrante del Colegio de Derecho de Veracruz.
El representante señaló que desde 2016 se ha planteado la necesidad de contar con un penal en el distrito judicial del puerto de Veracruz, una propuesta que, después de cuatro administraciones estatales sin concretarse, fue retomada por la gobernadora Rocío Nahle García.
Explicó que el cierre del antiguo penal Ignacio Allende, ocurrido en 2016, provocó que las personas privadas de la libertad relacionadas con procesos judiciales de esta región fueran enviadas a otros centros penitenciarios de la entidad.
Esta situación implica gastos adicionales para los traslados, además de complicaciones para familiares y abogados que necesitan acudir a los penales para dar seguimiento a los procedimientos legales.
“Nosotros hemos insistido y desde la administración de la señora gobernadora le hemos comentado la importancia de que en el Distrito Judicial del Puerto de Veracruz exista un Cereso”, expresó.
Pozos Marín agregó que la apertura de nuevas instalaciones también podría contribuir a mejorar las condiciones de custodia, reforzar la seguridad y facilitar la atención de las personas internas, así como los procesos orientados a su reinserción social.
El integrante del Colegio de Derecho de Veracruz hizo referencia al anuncio del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sobre la aceptación de la propuesta para desarrollar ambos proyectos penitenciarios, uno en Medellín de Bravo y otro en Acayucan.
Ante ello, manifestó la expectativa de que los gobiernos federal y estatal asignen los recursos presupuestales necesarios para comenzar las obras en el menor tiempo posible, especialmente por la demanda de infraestructura carcelaria en la zona conurbada de Veracruz.
Desde la clausura del penal Ignacio Allende, las personas privadas de la libertad vinculadas con asuntos judiciales de esta región han sido trasladadas a otros municipios, una situación que se busca atender con la construcción del nuevo centro penitenciario.
