Durante el gobierno de AMLO se realizaron dos históricas consultas de democracia participativa: la revocación de mandato y la consulta de juicio a expresidentes
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el paquete de iniciativas de reforma que presentará el próximo 5 de febrero, incluirá que la consulta de revocación de mandato sea vinculatoria con el 30% de participación ciudadana.
Lo anterior, pues recordó que actualmente es vinculatoria con 40% y eso provoca a veces que la ciudadanía no quiera participar en estos procesos democráticos.
“Por eso no se llevan a cabo consultas porque para que tengan valor, sea vinculatoria, tiene que participar el 40%. No, 30% para que así se animen. Que se haga valer la democracia participativa”, aseveró.
Durante su conferencia de prensa señaló que cuando un Presidente llega y no tiene el respaldo y apoyo del pueblo, es importante realizar una consulta y se le pueda sustituir.
En el terreno político, dijo, también planteará que el Presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, es decir, que no tenga fuero.
Cabe recordar que durante el gobierno de López Obrador se realizaron dos históricas consultas ciudadanas: la revocación de mandato y la consulta de juicio a expresidentes. Ambas sentaron un precedente importante y pusieron a México a la vanguardia internacional en cuanto a la democracia participativa.
¿Qué más incluirá el paquete de reformas?
Por otro lado, refirió que las propuestas que enviará al Poder Legislativo en el 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 incluirán acciones y planes de justicia social para que se contemplen como derechos constitucionales.
“Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios. Tanto de comunidades indígenas como de comunidades afromexicanas”, comentó.
Asimismo agregó que “va a quedar establecido en el artículo 4° de la Constitución el derecho de los pueblos a tener un trato especial”.
Además, el jefe del Ejecutivo reafirmó que la mayor parte de los Programas para el Bienestar serán elevados a rango constitucional. Esto, si el Congreso de la Unión da su aprobación.
