· Código Penal debe incluir agravantes cuando se trata de la seguridad del Estado
La diputada Judith Pineda presentó ante el Pleno del Congreso, la iniciativa de reforma y adición al artículo 181 del Código Penal local, en materia de delitos cibernéticos, solicitando incrementar las penas para el único delito contemplado, y sumar nuevas hipótesis que permitan a los impartidores de justicia en la entidad, tener herramientas para su combate y sanción.
En su intervención, la legisladora enfatizó la necesidad de incluir nuevos tipos penales que sanciones conductas de aquellos individuos que sin estar autorizados modifiquen, destruyan o provoque la pérdida de información contenida por sistemas informáticos en resguardos del Estado, previéndose además agravantes de esta conductas cuando el sujeto activo sea o haya sido miembro de una institución de seguridad pública.
Los delincuentes, han adaptado su actuar a la par de las tecnologías, de ahí la urgencia de sancionar con severidad a quienes cometan agravios contra la seguridad de los veracruzanos. La iniciativa presentada propone elevar las penas cuando el objetivo del ilícito sea impedir la procuración o administración de justicia.
La iniciativa presentada, señala que el delito informático contemplado actualmente en el artículo 181 del Código Penal, incremente su pena mínima de 6 meses a 2 años de prisión, con pena máxima de 5 años y multa de hasta 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, propone adicionar los artículos 181 del Bis al Quáter, para agravar los delitos cibernéticos cuando se trate de la modificación, destrucción o pérdidas de información contenida en sistemas o equipos de cómputo pertenecientes al Estado o cuando se trate de información en materia de seguridad pública.
En caso de ser una persona con autorización al manejo o acceso de la información, e indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión. Cuando se trate de información en materia de seguridad pública, se le impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y multa de hasta mil 500 UMAS.
“Con esta acción legislativa, esta Soberanía ha de estar tutelado el derecho a la seguridad jurídica que toda sociedad merece, pero también ha de tener un impacto de colaboración en la política criminal que el Gobierno del Estado está llevando a cabo”, concluyó la diputada Judith Pineda.
