Luis Ortiz
Veracruz, Ver.- Los juicios de pensiones alimenticias en Veracruz presentan retrasos que, en algunos casos, alcanzan hasta 20 años, a pesar de que la ley establece que deben resolverse de manera inmediata por tratarse de medidas cautelares, advirtió el abogado Manuel Vázquez Canela, especialista en criminología y derecho familiar.
De acuerdo con el jurista, la saturación en los juzgados familiares, la falta de capacidad operativa y el crecimiento constante de los expedientes han provocado que miles de beneficiarios sigan sin recibir los recursos que legalmente les corresponden.
Vázquez Canela explicó que el artículo 210 del sistema jurídico local es la única base normativa para la tramitación de los casos de alimentos, un ámbito que calificó como “sensible y complejo”. Añadió que en los archivos del Poder Judicial existe un número indeterminado de expedientes con adeudos millonarios que no se han hecho efectivos debido al tortuguismo tanto en fiscalías como en juzgados.
El académico subrayó que la brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica dentro del sistema de justicia familiar es cada vez más evidente.
“Debe ser inmediato, pero vayan a los juzgados, pidan expedientes y vean cuánto tardan. Hay casos de verdad hasta de 20 años atrás o más, pensiones que no se cumplen. No se les da a los acreedores alimentarios lo que les corresponde; no hay justicia familiar ni en Veracruz ni en ninguna entidad federativa”, expresó.
Vázquez Canela estimó que podrían existir más de mil casos con largos periodos de incumplimiento solo en Veracruz, aunque reconoció que las cifras oficiales corresponden al Poder Judicial del Estado. Consideró que la multiplicación de juzgados familiares no ha sido suficiente para abatir el rezago y que la falta de recursos, la lejanía de los servicios y la corrupción han incidido en que estos procesos se prolonguen durante años.
El especialista ofrecerá el próximo 20 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas, una conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica, dirigida a estudiantes de criminología, docentes, autoridades y público en general.
