Con el objetivo de erradicar prácticas financieras que vulneran la subsistencia de los sectores más desprotegidos, se ha presentado una iniciativa de ley que busca blindar legalmente las pensiones y programas sociales contra retenciones bancarias y embargos judiciales.
La propuesta, respaldada por la organización El Barzón Resistencia Civil, surge como respuesta al creciente número de adultos mayores que han visto congeladas sus cuentas debido a deudas, quedando en un estado de indefensión total.
Teresa Carbajal, representante de El Barzón, advirtió que la legislación actual permite que instituciones financieras y despachos de cobranza, embarguen recursos de pensiones.
“Hoy existen embargos precautorios que congelan cuentas bancarias incluso antes de que haya una sentencia. Eso deja a las personas en total indefensión”, señaló Carbajal.
La entrevistada subrayó que muchos de estos casos permanecen en la sombra debido al miedo o al desconocimiento de los usuarios, lo que permite que los abusos se perpetúen.
La iniciativa propone modificar el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito.
Además, se busca obligar a los bancos a identificar claramente las cuentas donde se reciben estos apoyos para evitar retenciones automáticas, permitiendo únicamente descuentos en casos de pensiones alimenticias ordenadas judicialmente.
Carbajal aclaró que el espíritu de la propuesta no es fomentar el impago, sino establecer límites éticos y legales a la recuperación de créditos. La intención es evitar que el cobro de intereses abusivos o el uso de pagarés como herramienta de presión terminen privando a las familias de acceso a alimentación y medicinas.
La iniciativa será analizada en comisiones de la Cámara de Diputados, donde se espera que se emita la regulación correspondiente para proteger los derechos financieros de los ciudadanos en un plazo máximo de 120 días tras su validación.
