Luis Ortiz
Organizaciones campesinas advirtieron sobre la falta de una estrategia integral para atender las necesidades del sector rural en México, al señalar que las actuales políticas públicas no están generando resultados en el desarrollo productivo del campo.
Al respecto, Luis Gómez Garay, dirigente nacional de la Unión General de Obreros, Campesinos y Populares, afirmó que la ausencia de una política clara por parte del gobierno federal ha provocado un grave estancamiento en la producción agrícola, reflejado en la disminución de alimentos básicos, una mayor dependencia de importaciones y el abandono de extensas superficies de cultivo.
Indicó que los recursos destinados al campo se entregan de manera dispersa, sin impacto real en la productividad, lo que ha frenado el crecimiento de las comunidades rurales y debilitado la estructura productiva del país.
Señaló que el presupuesto federal para el sector agrícola ya no contempla inversión productiva, esquemas de financiamiento ni el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, reduciendo la competitividad de los productores y la capacidad nacional para garantizar alimentos esenciales como el maíz y el arroz.
Como ejemplo, citó el caso de Veracruz, donde cultivos que anteriormente eran estratégicos prácticamente han desaparecido. Mencionó que la producción de arroz pasó de alrededor de 45 mil hectáreas a no más de 300, obligando a los molinos a importar el grano desde países del sureste asiático para abastecer el mercado nacional.
A este escenario se suma la inseguridad que enfrentan los productores en diversas regiones del país, incluida la entidad veracruzana, donde se han registrado casos de extorsión y falta de protección, especialmente en zonas citrícolas del norte y municipios del sur del estado.
Gómez Garay advirtió que la combinación de bajos apoyos, altos costos de producción —que en el caso del maíz alcanzan hasta 25 mil pesos por hectárea—, la desaparición de esquemas de financiamiento y la inseguridad ha provocado el abandono de miles de hectáreas cada año. Actualmente, estimó que más de nueve millones de hectáreas ya no se cultivan en México.
Finalmente, sostuvo que mientras no se garantice seguridad, financiamiento y una política pública enfocada en fortalecer la producción nacional, el campo continuará perdiendo terreno, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y afectando directamente la economía de las familias mexicanas.
