Itzel Molina
Colectivos de Búsqueda del estado señalaron que los cambios a la Constitución aprobados por el Pleno del Congreso de Veracruz afectarán la autonomía de la Fiscalía General del Estado, generarán inestabilidad administrativa, limitarán capacidades forenses y abrirán la vía a una eventual liberación del exgobernador Javier Duarte de Ochoa en relación con en el proceso por desaparición forzada.
Mediante un pronunciamiento público, indicaron que estas decisiones legislativas y judiciales representan un riesgo para las investigaciones, los procesos penales y los avances en identificación de personas.
El documento, que fue dirigido al Congreso de Veracruz, a la gobernadora y a la población en general, destaca que la autonomía de la Fiscalía es una condición que debe prevalecer para que las investigaciones se conduzcan sin presiones políticas y con independencia técnica.
En lo dado a conocer por los Colectivos, los cambios aprobados por el Pleno afectarán la continuidad de las investigaciones en expedientes, la protección de las víctimas y el trabajo forense necesario para identificar personas desaparecidas.
Como familiares de personas desaparecidas destacaron n un estado con miles de casos, la estabilidad institucional es indispensable para desarrollar procesos sostenidos de búsqueda.
Además, se señala que cualquier reforma que permita remover a la persona titular de la Fiscalía conforme a decisiones del Ejecutivo altera el principio bajo el cual fue creada la institución.
“Una Fiscalía expuesta a cambios discrecionales interrumpe diligencias, afecta dictámenes y obliga a reiniciar vínculos institucionales necesarios para dar seguimiento a los casos. Estos procesos toman años y que cada modificación abrupta provoca retrasos que impactan directamente en las familias”, expusieron.
Recordaron que la labor legislativa debe enfocarse en fortalecer las capacidades del estado frente a la crisis de desaparición.
Ante ello, reiteraron la necesidad de reforzar las áreas de identificación forense, la infraestructura científica, los espacios de resguardo, el personal especializado y los mecanismos de atención a víctimas.
“Se requieren instituciones con capacidad real para buscar e identificar, no cambios administrativos sin sustento técnico. Las familias no solicitamos discursos ni simulación institucional, sino capacidad para buscar, identificar y garantizar justicia”, puntualizaron.
En el mismo posicionamiento mostraron su preocupación por el momento en que se anuncia la posible salida de la titular de la Fiscalía General del Estados, Verónica Hernández Giadáns, al tiempo que se plantean modificaciones legales que afectan la autonomía del órgano.
Al respecto, destacaron que cada vez que se modifica la ley sin transparencia ni participación de víctimas existe un riesgo directo para los procesos de justicia.
“Se requieren instituciones que no respondan a intereses gubernamentales, sino al derecho de las víctimas a la verdad”, afirmaron.
De la misma forma, dedicaron una parte del documento al caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, al mencionar que existe inquietud por el posible sobreseimiento del proceso por desaparición forzada y la eventual liberación del exmandatario.
«Esta decisión representaría un riesgo grave e irreparable para las víctimas, pues podría permitir que el exgobernador eluda la justicia por los crímenes cometidos durante su administración, profundizando la impunidad, afectando la verdad histórica y debilitando aún más la confianza de las familias en las instituciones encargadas de investigar y sancionar violaciones graves a derechos humanos», consideraron.
Finalmente, pidieron que exista respeto a la autonomía de la Fiscalía y rechazaron cualquier reforma que debilite su independencia.
“Esperamos que esta transición institucional se realice sin cálculos políticos, con participación de las víctimas y con garantías de estabilidad administrativa. Pedimos que la persona que encabece la institución cuente con experiencia comprobada, certificación vigente e independencia técnica”, agregaron.
