Luis Ortiz
La presunta desaparición de 25 millones de pesos en la Comisión Estatal de Búsqueda ha encendido las alertas entre colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes demandan que se esclarezca el destino de esos recursos y se garantice transparencia en su aplicación.
Rosalía Castro Toss, integrante del colectivo Solecito, señaló que la falta de presupuesto para operativos recientes estaría vinculada a irregularidades financieras detectadas en la pasada administración.
Explicó que actualmente se llevan a cabo revisiones internas para confirmar que los apoyos dirigidos a víctimas indirectas están siendo entregados correctamente.
Estas acciones incluyen visitas domiciliarias para verificar la recepción de recursos, incluso con toma de imágenes, lo que ha generado incomodidad entre algunas familias que consideran invasivo el procedimiento.
No obstante, la activista defendió los nuevos mecanismos de supervisión, al asegurar que buscan ordenar el manejo del dinero público y evitar posibles anomalías.
En cuanto al periodo en que se habría registrado el presunto desfalco, precisó que corresponde a la gestión anterior.
Aunque evitó mencionar nombres, sostuvo que el colectivo que representa mantiene en regla sus comprobaciones y reportes.
Reconoció que algunas jornadas de búsqueda han sido suspendidas temporalmente por la falta de fondos disponibles, aunque aclaró que continúan aquellas actividades que ya contaban con recursos previamente asignados y comprobados.
Finalmente, comparó el proceso actual con cualquier trámite administrativo en el que es necesario comprobar gastos antes de acceder a nuevos apoyos, e insistió en que la prioridad debe ser garantizar que cada peso destinado a la búsqueda de personas desaparecidas sea utilizado de manera correcta.
