Redacción
Después de varios meses prófugo y bajo el escrutinio de autoridades federales, este miércoles fue detenido Bernardo X empresario veracruzano investigado por su presunta participación en una red de fraude, extorsión y lavado de dinero que habría afectado a decenas de personas físicas y morales en el país.
La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de la Ciudad de México y fue ejecutada por elementos ministeriales en la zona conurbada de Veracruz–Boca del Río.
Empresario de fachada, defraudador serial
Bernardo X, junto con su esposa Aitana G X, operó por años una red empresarial que comenzó con The Phone House —distribuidora de Telcel en Veracruz— y evolucionó hacia el esquema de inversiones privadas conocido como New England Capital, firma señalada por ofrecer rendimientos elevados a cambio de capitales que hoy no aparecen.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía capitalina y juzgados civiles documentaron un posible fraude superior a los 400 millones de pesos, en lo que inversionistas y exsocios describen como una “pirámide cuidadosamente construida”. La empresa fue embargada en marzo pasado.
Ficha roja, alertas migratorias y amparos
Desde abril la persona en cuestión contaba con una ficha roja de Interpol, además de una alerta migratoria activa emitida por el Instituto Nacional de Migración. A pesar de ello, se mantenía en libertad gracias a una suspensión provisional concedida por un juez federal en Veracruz, que le permitió evadir temporalmente la ejecución de su captura mediante el pago de una fianza de 5 mil pesos.
Dicha protección judicial perdió efecto tras el desahogo de pruebas en el proceso penal, lo que abrió paso a su localización y aprehensión definitiva.
Una investigación con múltiples vertientes
Las acusaciones en contra de Bernardo X no se limitan al fraude. Autoridades federales investigan también lavado de dinero, captación ilegal de recursos del público, evasión fiscal y simulación de operaciones. En paralelo, existe una denuncia interpuesta por el propio empresario contra un notario público, a quien acusa de fraude inmobiliario por más de 37 millones de pesos.
Entre las víctimas de su esquema se encuentran empresarios locales, ejecutivos de alto perfil y firmas de financiamiento como Portafolio de Negocios, que lo señalan de haber desviado fondos sin respaldo jurídico ni contable.
¿Qué sigue?
El empresario será trasladado a la Ciudad de México en las próximas horas para ser presentado ante el juez que emitió la orden de aprehensión. De ser vinculado a proceso, enfrentaría penas que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión, además de sanciones económicas y embargos definitivos.
Su caso representa uno de los escándalos financieros más graves del estado en la última década, y podría sentar un precedente en el combate a esquemas de inversión opacos que operan bajo apariencia de legalidad.
