Luis Alberto Romero | Hora Cero
Resulta cuando menos desconcertante la reacción de Luis Carbonell de la Hoz al erigirse como defensor de una causa que, en los hechos, parece inexistente.
Más que una denuncia sólida, su postura se asemeja a una lucha estéril contra enemigos imaginarios, una especie de cruzada personal que termina por exhibir más contradicciones que agravios reales.
El dirigente de Movimiento Ciudadano ha afirmado que alcaldes emanados de su partido son “invitados” a abandonar sus filas para incorporarse a otras fuerzas políticas; es decir, a Morena.
Tal como lo intentó el dirigente priista, Adolfo Ramírez, la narrativa de MC busca victimizar al partido y presentarlo como blanco de una supuesta embestida desde el oficialismo.
Sin embargo, la realidad política en Veracruz cuenta una historia diferente, dado que han sido varios alcaldes naranjas quienes, por iniciativa propia, han buscado cobijo en Morena, fuerza política de la que curiosamente han sido rechazados.
El movimiento que fundó López Obrador se concibe como un proyecto amplio, abierto a la ciudadanía y con vocación popular, pero esa apertura no es absoluta ni ingenua; existen límites, particularmente cuando se trata de perfiles con antecedentes penales o vínculos con actividades ilícitas, y es justo ahí donde muchos de los intentos de acercamiento provenientes de Movimiento Ciudadano se han topado con pared.
Desde el inicio del actual gobierno estatal, la propia gobernadora fue contundente al señalar que no habría espacio para personajes señalados por su relación con la delincuencia organizada.
Los ejemplos sobran y son conocidos; alcaldes sentenciados por delitos graves, operadores políticos que, aun desde prisión domiciliaria, movieron estructuras para imponer sucesores afines, o ediles que llegaron al poder entre simulaciones burdas, como la fabricación de autoatentados para victimizarse y ganar simpatía.
Desde sentenciados por homicidio como en el caso de Las Choapas; o como en Tihuatlán, que desde la prisión domiciliaria Goyo Gómez habría operado con personajes de carteles delincuenciales para que su delfín ganara; y qué decir de Jáltipan, donde el ahora alcalde se fabricó un autoatentado, o de Zongolica, donde el alcalde electo en abierto celebró su triunfo con presuntos generadores de violencia que estarían en la mira de la FGR.
Tampoco puede olvidarse Nanchital, donde el candidato naranja se bajó de la contienda tan pronto fueron detenidos generadores de violencia en el sur de Veracruz, dejándole el lugar a su socio, José Luis Pérez Salinas, un líder sindical a quien se le vincula con el huachicol.
No se trata de hechos aislados, sino de patrones que se repiten en varios municipios gobernados por MC.
En otras demarcaciones, incluso, los festejos de triunfo se realizaron abiertamente con personajes identificados como generadores de violencia y que hoy se encuentran bajo la lupa de instancias federales; esa es la herencia incómoda que carga Movimiento Ciudadano en Veracruz y que sus dirigentes prefieren ignorar cuando levantan la voz para acusar persecuciones inexistentes.
Los discursos estridentes y las denuncias sin sustento no logran ocultar una realidad evidente: varios ayuntamientos pintados de naranja arrastran señalamientos graves que explican, mejor que cualquier teoría conspirativa, por qué no encuentran cabida en otros proyectos políticos. Son, en muchos casos, personajes impresentables.
Al final, más que una defensa legítima, lo de Luis Carbonell parece una cortina de humo. Y en Veracruz, donde la memoria política pesa, ese tipo de simulaciones ya no engañan a nadie.
@luisromero85
