Cinthya Trinidad
Con el objetivo de garantizar la transparencia en el uso del erario, la administración estatal anunció un programa de capacitación técnica para colectivos de madres buscadoras. Esta medida surge tras la detección de observaciones financieras por un monto cercano a los 20 millones de pesos correspondientes a gestiones pasadas.
La gobernadora Rocio Nahle enfatizó que, si bien el apoyo económico es constante y necesario, el origen de estos fondos por ser recursos públicos exige una comprobación estricta ante las instancias de fiscalización.
Y es que se reportan irregularidades administrativas por aproximadamente 20 millones de pesos, observaciones que recaen en la forma en que los colectivos ejercen el gasto y no directamente en la administración anterior de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas.
La autoridad subrayó que no existen indicios de uso incorrecto o desvío de recursos por parte de las familias, sino una falta de formalidad en la comprobación es decir en facturas, recibos y formatos.
Ante las inquietudes de las madres buscadoras, quienes señalan las dificultades logísticas de comprobar gastos mientras realizan labores de campo como acampar o cocinar en zonas de búsqueda, la respuesta gubernamental es que todo gasto es demostrable.
«Si compran en el mercado para hacerse su comida donde van a estar acampando, todo se puede demostrar. Nada más hay que decirles cómo es el formato, la factura o el recibo», reiteró.
En ese sentido, dijo que habrá que sentarse con las representantes de los colectivos para instruirlas en procesos contables básicos que permitan solventar las auditorías sin entorpecer sus labores humanitarias.
A pesar de las tensiones administrativas, que deriva en una manifestación a las afueras de la Comisión, la gobernadora destacó el avance en infraestructura forense para atender la crisis de desaparecidos en el Estado, donde mencionó que se mantiene la operación del laboratorio especializado en restos óseos y la construcción de un nuevo centro de identificación para agilizar los procesos en la zona centro.
Finalmente, descartó cualquier uso de la fuerza pública o desalojos contra las manifestaciones de los colectivos y reafirmó que la vía será el diálogo y la regularización administrativa, para llegar a acuerdos.
