Luis Alberto Romero | Hora Cero
El primer informe de gobierno de Rocío Nahle no sólo marca el cierre de un año de gestión, define el modelo de administración que la gobernadora pretende consolidar en Veracruz.
El de este domingo no fue un mensaje de autocomplacencia ni de cuentas alegres; fue, más bien, una radiografía de un gobierno que decidió comenzar por ordenar la casa, reducir inercias históricas y colocar las bases de un nuevo ciclo político y administrativo.
En un estado acostumbrado por décadas a deudas impagables, rezagos en infraestructura y problemas en seguridad, salud y bienestar, la presentación de resultados se convirtió en un ejercicio para calibrar el rumbo.
El dato más contundente, y quizá el más simbólico, es la reducción del 42% de la deuda pública, un logro que cambia el punto de partida del sexenio. Haber liquidado el adeudo histórico con el SAT y reducido a la mitad la deuda con el ISSSTE no sólo sanea las finanzas, sino que devuelve al estado la credibilidad institucional perdida en administraciones pasadas, y permite liberar recursos para otras áreas prioritarias.
Esta disciplina financiera ha sido la característica principal del arranque de la actual administración, pero lo relevante es que no se logró a costa de sacrificar inversión pública. A diferencia de otros momentos de austeridad forzada, esta vez el orden no se tradujo en parálisis.
En materia social, el informe de Nahle García mostró un estado que destina más de 59 mil millones de pesos en apoyos directos y fortalece programas de acompañamiento en comunidades indígenas, afromexicanas y zonas de alta marginación. Es un enfoque coherente con la visión federal: primero los que históricamente han estado al final de la fila. El despliegue de lasCamionetitas de la Salud, la distribución de 17 millones de medicamentos, el avance en alfabetización y el fortalecimiento de la educación pública hablan de una administración que entiende la inclusión no como discurso, sino como política pública.
El año estuvo marcado también por la tragedia en la zona norte, donde lluvias extraordinarias afectaron a más de 200 mil personas. La respuesta institucional —refugios, restablecimiento de servicios, reparación de escuelas y unidades médicas— mostró coordinación y capacidad de reacción. Incluso en emergencia, el gobierno buscó mantener el énfasis en reconstrucción y prevención.
En seguridad, Veracruz cierra el año como una de las ocho entidades más seguras del país, con una disminución del 13% en la incidencia delictiva. Aunque el reto persiste, se reconoce un avance: profesionalización policial, equipamiento, incremento salarial y el programa Veracruzana Protegida son señales de una estrategia más articulada.
El impulso económico tampoco pasó inadvertido: 4 mil 380 millones de dólares en inversiones, ampliaciones industriales, expansión portuaria y acuerdos logísticos colocan al estado en el mapa nacional e internacional. No es casualidad que el turismo creciera y que Veracruz sea hoy uno de los destinos con mayor ocupación hotelera.
El balance del informe muestra a una gobernadora que apuesta por finanzas sanas, seguridad coordinada, bienestar social, infraestructura y crecimiento económico. Veracruz arranca un sexenio con una ruta definida y un mensaje político claro: no se administrará la inercia; se busca cambiarla. Y en un estado complejo, diverso y exigente como éste, ese es un anuncio importante.
@luisromero85
