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    Veracruz legítimo

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    Opinión


    Por: Carlos Hernández

    Veracruz es cuna de grandes juristas, de excelentes abogados que, mediante el derecho, han buscado la justicia y la verdad. Sin embargo, nunca faltan los “negritos en el arroz”. Me refiero a aquellas personas que, tras el título de Licenciado en Derecho, pretenden confundir y engañar e, inclusive, politizar los temas de mayor trascendencia para la vida pública de la entidad.

    En efecto, este día se publicaron una serie de notas periodísticas que dieron cuenta de la conferencia de prensa del “Colegio de Abogados de la República Mexicana”, asociación que denuncia una supuesta “torcedura de la Ley” por los diputados Juan Javier Gómez Cazarín y José Manuel Pozos Castro, en la designación de Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado y, además, controvierten la convocatoria emitida por el Congreso del Estado seleccionar al nuevo titular de la FGE, así como de la Fiscalía Anticorrupción.

    Sin duda, esto se trata de un intento claro de sorprender y mentir a la ciudadanía veracruzana, ya que sin fundamentos ni argumentos acapararon la atención mediática para sacar raja política en plena contingencia sanitaria de Coronavirus. Aquí te digo porqué.

    Primero, sería buena recordar al presunto Colegio de Abogados que, el nombramiento de Verónica Hernández Giadáns respondió a una necesidad apremiante del Poder Legislativo. Esto, porque en septiembre de 2019 el Congreso Local, en uso de sus atribuciones y facultades legales, a través de la Diputación Permanente, y con el respaldo de casi todas las fuerzas parlamentarias de Veracruz, separó temporalmente al entonces Fiscal titular, Jorge Winckler Ortíz, actualmente prófugo de la justicia.

    La separación provisional de Winckler estuvo fundada en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Mexicana, disposición que establece la posibilidad de separar de su cargo a los agentes del Ministerio Público (Fiscales) que no cumplan los requisitos que las leyes señalen. El otrora Fiscal no cumplió los exámenes de Control y Confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Con la separación temporal, el Congreso no dejó en estado de indefensión a Jorge Winckler. Al contrario, el ex Fiscal tuvo la posibilidad desde el 3 de septiembre de 2019 al 26 de marzo de 2020 (fecha en que fue removido definitivamente) para presentar las certificaciones que supuestamente tenía. Evidentemente, nunca aprobó los exámenes, y como la procuración de justicia es un asunto que no puede esperar, los diputados de la LXV Legislatura tuvieron a bien destituirlo.

    Regresando a la medida cautelar de la separación provisional, es dable que, si separas temporalmente a uno, tienes que nombrar algún encargado de despacho. Es lógico, no puede ni debe haber un vacío de poder en un espacio tan importante como la Fiscalía General del Estado.

    Por tal motivo, se nombró a Verónica Hernández Giadáns como encargada, abogada que recibió el visto bueno de prácticamente todos los Grupos Legislativos del Congreso, su perfil fue analizado minuciosamente y aprobado en los trabajos de la Junta de Coordinación Política, cuerpo parlamentario que representa la pluralidad política de los veracruzanos. Recuerden esto último para lo que se expondrá más adelante.

    La designación de Hernández Giadáns estuvo tutelada y legitimada por las bancadas de MORENA, PRI-Verde, Movimiento Ciudadano-PRD y el extinto Grupo “Del Lado Correcto de la Historia”, 4 de las 5 fracciones que existían en septiembre de 2019. No se trató de una decisión impuesta por solo un grupo, sino de una determinación conjunta y consensuada.

    El tiempo le dio la razón a los diputados que votaron su nombramiento, puesto que los índices de efectividad en materia de procuración de justicia se han elevado con notoriedad, abonando a la significativa reducción de la inseguridad en Veracruz.

    En segundo término, señalan los abogados que la convocatoria para designar al nuevo titular de la FGE y Anticorrupción estuvo al margen de la Ley, porque supuestamente la Junta de Coordinación Política no es el órgano facultado para llevar a cabo el procedimiento.

    También se equivocan en su apreciación y de manera grave, considerando que aparentemente son Licenciados en Derecho. Es probable que les haya faltado informarse lo que se aprueba en la LXV Legislatura.

    En el artículo Cuarto del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se separa definitivamente a Winckler (disponible en la página 21 del Acta Legislativa de la sesión del 26 de marzo https://www.legisver.gob.mx/actas/actasLXV/Acta_26mar2020_4toExt.pdf), se instruye a la misma JUCOPO para emitir la convocatoria correspondiente para seleccionar a la nueva persona titular de la FGE.

    De igual manera, al ser un punto de acuerdo aprobado por el Pleno, este adquiere legitimidad “per se”, ya que lo votaron la mayoría de legisladores locales, con extracción de distintas bancadas.

    Se les olvida a los abogados que los diputados son los representantes populares, son la voz del pueblo en el Poder Legislativo, por lo que los actos que se emiten se consideran una representación fiel de la voluntad ciudadana.

    Ni Gómez Cazarín ni Pozos Castro han torcido la Ley. Al contrario, el primero en su calidad de presidente de la JUCOPO y el segundo en su carácter de otrora presidente del H. Congreso del Estado han dado estricto cumplimiento a los acuerdos y determinaciones tomadas en la LXV Legislatura.

    Ha quedado claro que la denuncia del “Colegio de Abogados de la República Mexicana” carece de sustento y argumentos, puesto que únicamente buscan llamar la atención, quizá financiados por algún grupo de poder o motivados por alguna aspiración política. Al tiempo.

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