Cancún, Quintana Roo.– Con la participación de las y los 32 secretarios ejecutivos del país, se llevó a cabo la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, encabezada por la Secretaria Ejecutiva Nacional del SIPINNA, Lorena Herrera Villavicencio.
El encuentro reunió a titulares estatales y municipales con el propósito de profundizar en la Política Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, revisando los componentes estratégicos del Programa Nacional de Protección Integral 2025–2030 (PRONAPINNA), la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) y las acciones prioritarias para prevenir y atender la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en el país.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de reconocimientos a Secretarías Ejecutivas estatales y municipales, distinguidas por sus buenas prácticas institucionales y su contribución al fortalecimiento de los sistemas locales de protección.
Entre los municipios participantes estuvieron presentes los titulares de los 11 municipios de Quintana Roo, encabezados por el Secretario Ejecutivo Estatal Jorge Quintanilla Osorio, anfitrión del evento. También asistieron representantes de Tabasco; Culiacán, Sinaloa; Tlaxcoapan y Guadalupe, Hidalgo; El Carmen; Mérida, Yucatán; Pesquería, Nuevo León; Tizayuca y Tepeji, entre otros territorios que compartieron avances y experiencias.
Por parte del Estado de Veracruz, acudió la Secretaria Ejecutiva Estatal Mercy Esther Pérez Arévalo, mientras que por Córdoba participó la Secretaria Ejecutiva Municipal Celia Camelia Hernández Lima, quien expuso los resultados alcanzados en su municipio mediante el fortalecimiento institucional, el trabajo coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno y la colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil.
Durante la sesión, se reafirmó la importancia de la coordinación interinstitucional para avanzar en la construcción de una política pública efectiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, destacando el valor del intercambio de prácticas replicables para fortalecer la prevención, atención y protección en todo el país.
