*Esto por casos de corrupción como los ocurridos
en Veracruz en la pasada administración
*Misma conducta fue observada en otros Estados, como Baja California, Baja
California Sur, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, entre
otros.
Ciudad de México.- El Senador Julen Rementería del
Puerto, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto adicionar un artículo 54 bis a la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, para castigar como “fallo grave” la
simulación de reintegro de recursos, dicha conducta que se ha vuelto recurrente en
algunos Estados, y garantizar con ello un verdadero estado de derecho en nuestro
país.
En su particicipación, explicó que la incorporación de esta conducta como falta grave
que se actualiza cuando el servidor público ordena, autoriza o realiza el reintegro de
recursos públicos a las cuentas bancarias aperturadas para el depósito de
determinados recursos financieros, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o
solventar observaciones, estos se desvíen nuevamente a un fin distinto al que
originalmente estaban destinadas por disposición legal.
Mencionó que al tiempo que las normas secundarias del Sistema Nacional
Anticorrupción eran expedidas, la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe
General de la Cuenta Pública 2015, hizo del conocimiento público la existencia de
diversas denuncias contra servidores públicos de varios estados de la república, como
Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Veracruz y
Zacatecas, por la comisión de una conducta conocida como “simulación de reintegro
de recursos”.
“Misma conducta que en pleno marco del Sistema Nacional Anticorrupción, se omitió
incorporar a la legislación. Es lamentable que la simulación de reintegros se esté
convirtiendo en una práctica común por parte de los gobiernos estatales. Es fácil para
los estados hacer un depósito, reportar ante la Auditoría Superior de la Federación
que devolvieron el dinero del que se señaló un presunto mal uso, pero días después lo
retiran”, resaltó.
Añadió que los Estados dependen fuertemente de las transferencias federales,
condicionadas y no condicionadas, en específico, de los recursos presupuestales sobre
los Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para
la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP).
Destacó el ejemplo en el caso de Veracruz, donde se observó la simulación de
reintegros de recursos hasta por un monto de 4,770.2 mdp (cuatro mil setecientos
setenta millones doscientos mil pesos 00/100 m.n.).
Dicha conducta consistió, en que posterior a que la Auditoría Superior de la
Federación hiciera diversas observaciones al gobierno estatal veracruzano, referentes
a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los
establecidos por la ley, el gobierno local reintegró las cantidades observadas por la
auditoría.
Sin embargo, una vez que la Auditoría Superior de la Federación determinó como
solventada la observación, el Gobierno de Veracruz volvió a retirar tales recursos
destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoció.
Exhortó a la mesa directiva y a los grupos parlamentarios a tomar en cuenta la
experiencia vivida por el pueblo de Veracruz, y de otros estados, que en los últimos
años sufrieron la aplicación ilegal, por parte de las autoridades gubernamentales, de
los recursos destinados a salud, educación y seguridad pública, mediante la
incorporación de tal conducta como grave dentro de la ley general de
responsabilidades administrativas.
“Lo anterior, porque no podemos permitir que este tipo de prácticas se conviertan en
meras observaciones administrativas, sin la consecuencia de castigos más severos, a
fin de que el servidor púbico piense dos veces antes de cometer esta conducta”
remarcó el senador veracruzano.
Rementería del Puerto, dijo que también se generará responsabilidad y calidad en el
ejercicio del gasto, ya que en la medida en que eviten tal conducta, serán mejores los
resultados del gasto público en los estados y menores las observaciones en las
revisiones de las cuentas públicas.
El senador señaló que la corrupción es un factor que incide de manera negativa en el
crecimiento social, cultural, económico y político del Estado, genera pérdida de
confianza en las instituciones, demora en la solución de los problemas sociales y la
lucha contra la desigualdad.
