Luis Ortiz
El sistema judicial mexicano enfrenta un rezago crítico que demanda cambios de fondo para garantizar una justicia más rápida y accesible para la ciudadanía, afirmo Luis Enrique Burgos Flores, candidato a Magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río.
Burgos Flores señaló que actualmente se cuenta con un modelo judicial lento, tecnificado y poco accesible, especialmente para las personas de bajos recursos. Por ello, subrayó la necesidad de implementar reformas concretas que mejoren la eficiencia y acerquen la justicia a la población.
Entre los problemas más evidentes, destacó la prolongación innecesaria de muchos juicios debido a tecnicismos y formalismos, como sucede frecuentemente con el juicio de amparo.
“Hoy en día, los jueces suelen conceder amparos por vicios formales, sin resolver el fondo del asunto, lo que provoca que el caso regrese al juez inferior y se alargue por meses o años”, explicó.
Una de sus principales propuestas es reformar la Ley de Amparo para obligar a los jueces a resolver el fondo del conflicto desde un inicio, eliminando los llamados “amparos para efectos”, que anulan sentencias sin resolver el problema jurídico de fondo.
“Esto permitiría que los juicios no regresen en círculos y se dicten resoluciones más útiles y definitivas”.
Otro eje de su propuesta contempla que todas las sentencias judiciales estén redactadas en un lenguaje claro y sencillo, comprensible para cualquier ciudadano, sin necesidad de conocimientos legales. Actualmente, las versiones simplificadas solo se aplican en casos que involucran a menores o personas con discapacidad.
“Una sentencia clara no solo informa, también difunde derechos y reduce la necesidad de asesoría externa. Los juzgados no están rebasados por falta de voluntad, sino por exceso de trabajo. Muchos asuntos que llegan no deberían tramitarse judicialmente”, señaló.
Asimismo, propuso crear mecanismos que eviten la judicialización innecesaria, obligando a las instituciones públicas a resolver asuntos sencillos sin necesidad de que los ciudadanos recurran a los tribunales. Esta medida, dijo, podría reducir hasta en un 40 por ciento la carga actual de trabajo en el sistema de justicia.
