martes, octubre 7, 2025
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    Por sentencias de tribunales, gobierno del Estado podría recuperar 22 mil mdp: Orfis

    Itzel Molina

    El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), podría recuperar más de 22 mil millones de pesos, relacionados con créditos fiscales que derivan de sentencias firmes de tribunales, afirmó Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
    En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del organismo, indicó que se trabaja de manera directa con la dependencia estatal, a fin de lograr que estos recursos, que fueron corresponden a procesos iniciados desde administraciones pasadas, lleguen a las arcas estatales.
    “Hemos estado recibiendo sentencias donde nos están señalando que hay créditos y por esa razón se remiten a la Secretaría de Finanzas, en los informes de seguimiento se da la parte jurídica, se han establecido reuniones de trabajo, se trata de más de 22 mil millones corresponden a las sentencias firmes que han determinado los tribunales y en el informe que presenté el 5 de septiembre”, dijo.
    Refirió que más de 19 mil millones de pesos corresponden a recursos relacionados con las sentencias de tribunales que se han emitido en el tiempo que ha estado al frente del Orfis.
    “Esto es lo que hemos trabajado en esta administración a partir de que yo he estado hemos recibido estas sentencias, por supuesto que nos entusiasma pensar que se pueda recuperar alguna cantidad de estos montos, obviamente que Sefiplan tiene un trabajo importante”, expuso.
    Mencionó que los créditos fiscales derivan de revisiones hechas a las Cuentas Públicas desde 2015 y 2016, cuyos juicios se extendieron durante varios años.
    “El asunto es de 2015, en 2016 lo revisó el Orfis, de ahí vino la primera impugnación y después de eso tuvimos la sentencia el año pasado, ahora lo que corresponde es iniciar los procedimientos de cobro cuanto antes, seguramente están iniciados, pero eso lo sabremos en las mesas de trabajo con Finanzas”, manifestó.
    Refirió que el Orfis no tiene la atribución para hacer efectivos los créditos fiscales, pero sí para notificar a las autoridades cuando se tengan sentencias.
    Recordó que al tratarse de ejecuciones de sentencia los exfuncionarios y exservidores públicos que sean requeridos por estas sentencias pueden aplicar al amparo, por lo que la aplicación del cobro pudiera realizarse en algunos años, no en lo inmediato.
    “Cualquier contribuyente, cuando tiene un crédito fiscal a cargo podrá defenderse, lo que significa que puede promover juicios para impedir que se le embarguen bienes, cuentas, inmuebles, tratará de defenderse, aquí hay una larga defensa de este tema, que por años ha pasado por tribunales, si nos referimos al tiempo que llevan pueden ser años, cinco o seis años, pero hay acciones de cobro que puede realizar la Secretaría. Lo que recibimos es una sentencia que determina el cobro de una deuda fiscal”, expresó.
    Al respecto, manifestó que a la fecha no se han recuperado recursos en efectivo derivados de esas resoluciones judiciales, pero las sentencias abren la posibilidad de reintegrar al erario.
    “En esta lista se encuentran nombres de exfuncionarios y exservidores públicos, están en las resoluciones judiciales y son de acceso público. Estamos hablando del periodo 2016, cuando estuvo el gobernador Javier Duarte”, comentó.
    Reiteró que la recuperación de los recursos dependerá de la capacidad de ejecución de Sefiplan, dependencia que deberá actuar con reserva debido al carácter legal del procedimiento.
    “Cuando se está llevando a cabo el procedimiento administrativo de ejecución tampoco puede ponerse sobre aviso, no se puede decir: ‘Vamos a embargar a un particular’, ellos (Sefiplan) tienen su programa de trabajo y nosotros estamos pendientes y coordinándonos”, argumentó.
    Respecto a los créditos fiscales vinculados con ayuntamientos, la auditora general destacó que la recuperación también corresponde a Sefiplan y los recursos se devolverían a las tesorerías municipales, conforme el origen del daño patrimonial.

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