En Veracruz no se hizo y no hubo asignación de recursos a los sujetos obligados para dar cumplimiento.
Tienen un año para armonizar la ley general de archivos, espera que el Congreso pueda hacer el impacto presupuestal para determinar cuánto necesitan las dependencias.
Nicolás Cruz Hernández
Xalapa, Ver.- Miércoles 17 Julio 2019.- Los legisladores al crear y armonizar las leyes de transparencia y acceso a la información y la de protección de datos personales no midieron el impacto económico que significa para los sujetos obligados, por lo que ahora hay incumplimiento en las disposiciones que éstas establecen.
La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, aseveró que los Congresos tiene la obligación de hacer un análisis sobre el impacto presupuestal que implica la armonización de las leyes una ley y en el caso de Veracruz no se hizo y no hubo asignación de recursos a los sujetos obligados para dar cumplimiento.
Puso como ejemplo las Leyes de Transparencia, de Datos Personales y la de Archivos, en las cuales no se previó el recurso que implicaría su cumplimiento. “No (se calculó el impacto económico), de hecho, nosotros presentamos acción de inconstitucionalidad sobre la primera Ley precisamente por eso”.
“No se hizo el análisis y entonces no se hicieron las asignaciones correspondientes, no sólo al IVAI, sino a los sujetos obligados, pasó con la Ley de Datos también, no se hizo una asignación del recurso y ahorita tenemos un año para armonizar nuestra Ley de Archivos con la Ley General de Archivos, esperemos que esta vez los Congresos de todos los estados hagan el impacto presupuestal de cuántos recursos necesitarían las dependencias para cumplir con las obligaciones que establece la ley”.
Por lo que espera que el Congreso local pueda hacer el impacto presupuestal para determinar cuánto necesitan las dependencias para acatar las disposiciones de esta Ley.
Yoli García Álvarez dijo, “Los sujetos obligados tienen que cumplir con distintas disposiciones y para ello requieren recursos”. Recordó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información obliga a subir información a los portales de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La Ley General de Protección de Datos Personales obliga a tener medidas técnicas, tecnológicas y físicas para resguardar los datos; y la Ley General de Archivos obliga a tener un adecuado manejo de la gestión documental, que incluye la digitalización de los archivos. Para dar cumplimiento a esas disposiciones que establecen esas tres leyes implica recursos para los municipios y para las dependencias estatales.
La comisionada, dijo desconocer el monto que se requeriría para cumplir las acciones que marcan las leyes, debido a que cada sujeto obligado tiene diferentes capacidades institucionales. Recordó que desde antes de que se aprobara la Ley de Transparencia, en el año 2016, el IVAI expresó que algunos sujetos obligados tendrían problemas para cumplir los requerimientos de la ley, sin embargo, los legisladores no lo tomaron en cuenta.
