De acuerdo a documentos oficiales, la investigación también implicaría a otros dos funcionarios del Yunismo.
Toda está documentada por las dependencias interesadas y podrían estar procediendo, no sólo contra los ex funcionarios sino contra las empresas involucradas.
El gobierno de Veracruz inició una investigación sobre los contratos otorgados a José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, durante el gobierno del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y que en total, suman 52.2 millones de pesos de un total de 70 millones de pesos.
Yunes Linares ya está bajo investigación por la actual administración. Tal expediente también alcanzaría a otros funcionarios como los ex titulares de la SIOP y Sedesol, Julen Rementería e Indira Rosales San Román.
La investigación está encabezada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y la Contraloría General del Estado, toda vez que detectaron violaciones a la Ley de Obras y Adquisiciones, y a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos.
De acuerdo con documentos oficiales, se ha realizado una investigación que abarca a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación de Veracruz, el Instituto de Espacios Educativos y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, donde el dirigente panista aprovechó su cargo partidista para conseguir contratos de adjudicación directa o simulando licitaciones.
Aunque también la Fiscalía General del Estado le asignó contratos irregulares, tal instancia no ha colaborado con el expediente que se está integrando. Conforme a la investigación encabezan la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como la Contraloría General del Estado junto con las demás dependencias, han encontrado varias violaciones a la Ley de Obras y Adquisiciones, así como a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos.
¿Qué se investiga?
El 09 de agosto de 2017, SIOP emitió el fallo de adjudicación en favor de IZAL Inmobiliaria, por un monto total de 16 millones 779 mil 039 pesos, con un pago anticipado de 5 millones 033 mil 711 pesos, equivalente al 30 por ciento del costo total. Por la dependencia firmó Armando Nava Mercado, director general de construcción de caminos y carreteras estatales.
Sobre Multiservicios El Elemento SA de CV, el 05 de septiembre de 2017, Sedesol y la empresa celebraron el contrato SEDESOL-DGISB-OP-006/2017, relacionado con la “Construcción de cuatro dormitorios para la Región Totonaca”, en diversas localidades de los municipios de Coatzintla y Papantla, por la cantidad de 7 millones 386 mil 031 pesos.
Además, se acordó un plazo de término de la obra para el 18 de septiembre de 2017 (60 días naturales). Asimismo, establecieron el pago anticipado del 30 por ciento del proyecto, por 2 millones 210 mil 709 pesos. Por Multiservicios El Elemento, firmó el apoderado legal Saúl Fonseca de la Cruz; mientras que por el contratante signó Indira Rosales San Román.
El dirigente panista José de Jesús Mancha Alarcón aparece como administrador único de la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV y su esposa la hoy diputada local como accionista única, y tal empresa recibió un contrato por 7.4 millones de pesos con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. En el caso de las empresas Multiservicios El Elemento SA de CV y Biodiversidad del Golfo SA de CV, Monserrat Ortega Ruiz aparece como administradora única; la primera celebró 3 contratos por 41.4 millones de pesos, dos con la Sedesol y uno con la Fiscalía.
Mientras que en el caso de la segunda empresa celebró dos contratos por 3.4 millones de pesos con la SEV y el Instituto de Espacios Educativos. Resalta que en el caso de las tres empresas el representante legal es Saúl Fonseca de la Cruz, y en algunas licitaciones por invitación participaron únicamente las empresas propiedad de José Mancha Alarcón, representadas por la citada persona.
La administración estatal también investiga contratos que otorgó la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de Espacios Educativos, y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).
El 28 de agosto de 2018, Biodiversidad del Golfo obtuvo del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) la rehabilitación de edificios, de servicios sanitarios y obra exterior de la escuela primaria Ponciano Arriaga, por un monto total de 1 millón 057 mil 692 pesos.
Por el contratante, la Secretaría de Veracruz (SEV), firmó Alberto Barradas Soto, en su carácter de director del IEEV; mientras que por Biodiversidad del Golfo lo hizo Saúl Fonseca de la Cruz, también representante legal de Multiservicios El Elemento.
Además, el 29 de septiembre de 2017, Biodiversidad del Golfo ganó el concurso de licitación INV-SEV-IEEV-FED-012-17, relativa a la rehabilitación de edificios, en la escuela Centro Regional de educación normal Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, también en el municipio de Tuxpan.
El costo del proyecto, correspondiente programa Escuelas al cien 2016, fue de 2 millones 403 mil 845 pesos, con un plazo de término para el 16 de octubre de 2017. Por el IEEV, signó el director Alberto Barradas Soto.
Mediante el oficio IEEV/DG/2565/17, se acordó bajo una licitación directa la obra en favor de Biodiversidad del Golfo, el proyecto en la localidad de Puente don Diego, del municipio de Tuxpan, Veracruz, con una fecha de término del 09 de diciembre de 2017.
Hay que recordar que el pasado lunes 27 de mayo, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García presentó una denuncia en la Fiscalía Regional de Veracruz, por el presunto daño patrimonial en Espacios Educativos, que asciende a los 670 millones de pesos. También se señaló que se integra un expediente sobre los contratos que otorgó la Fiscalía General del Estado a las empresas del dirigente panista, pues hasta ahora, el organismo no ha colaborado.
El 04 de mayo de 2017, Multiservicios El Elemento SA de CV recibió de la Fiscalía de Veracruz un contrato para construir un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan, por un monto de 27 millones 851 mil 562 pesos. Toda esa información, está documentada por las dependencias interesadas.
Que en días o semanas, podría estar procediendo, no sólo contra los ex funcionarios involucrados, sino también contra las empresas que podrían quedar boletinadas para ser inhabilitadas a ser contratadas.
