La nueva investigación que realiza la 4T se centra en acreditar un ‘crimen de Estado’.
Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero y, pese a la intervención de dos gobiernos federales, en este caso aún no hay justicia.
Ambos gobiernos, el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, coinciden en que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Al día de hoy se desconoce el paradero de los restos de la mayoría; sólo se han hallado algunos fragmentos óseos de tres de los jóvenes.
El gobierno de la 4T tiene el objetivo de sepultar la verdad histórica, que construyó el gobierno de Peña Nieto, y rehacer aquella investigación que estuvo “viciada de origen” por detenciones arbitrarias, tortura, manipulación y ocultamiento de evidencia, así como obtención de pruebas ilegales e ilícitas, de acuerdo con su propia indagatoria.
La nueva investigación se centra en acreditar un ‘crimen de Estado’ y demostrar que se trató de una acción concertada, entre criminales y autoridades corruptas de todos los niveles, incluidos elementos de la Marina y el Ejército.Advertisementabout:blankAdvertisementabout:blank
A través de la Comisión de la Verdad, el gobierno del presidente López Obrador ha acelerado las acciones, a partir de agosto, para acreditar una nueva narrativa de lo que sucedió en la llamada Noche de Iguala. También se han acelerado las filtraciones a la prensa.
Las autoridades federales han echado mano del testimonio de quienes participaron en los hechos.
Se busca que personajes como Sidronio Casarrubias o Gildardo López, líderes de Guerreros Unidos, digan de manera legal (bajo la figura del testigo colaborador) lo que antes informaron con base en tortura.
A la fecha el gobierno ya enganchó a más de 20 testigos protegidos, a quienes ofreció beneficios procesales a cambio de que sustenten con su dicho la nueva tesis del gobierno federal y, sobre todo, digan dónde están los restos de los normalistas, elemento que a la fecha es quizá el principal pendiente del caso.
Entre los testigos protegidos del gobierno están Juan (Gildardo López), Karla (Carlos Leyva), Neto, Azul, Samuel, Moisés, Damián, William, Aldeano, Uno, 2A, Luga, Anca, AMF, Santiago, Espejel o Gerardo.
Fuente: ElFinanciero
