Itzel Molina
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, envió al Congreso local una iniciativa de Decreto en la que se propone la extinción del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI).
En la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz se señala que, de aprobarse la propuesta, las actividades del IVAI serán transferidas a la Contraloría General del Estado, a las instancias homólogas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos del Estado.
Esto, a fin de que estas instancias sean responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, siendo además competentes, entre otros asuntos definidos por la legislación general de la materia, para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados respectivos.
De acuerdo con la propuesta, con esta acción se garantiza la continuidad de los servicios y, sobre todo, con una optimización en la operación y una reducción significativa en los costos asociados.
¿Qué pasará con el IVAI?
En los artículos transitorios se indica que el Congreso del Estado tendrá un plazo máximo de 70 días naturales a partir de la aprobación y entrada en vigor del Decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para darle cumplimiento.
Una vez que entre en vigor la legislación se entenderá extinto el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Los comisionados del IVAI que a la entrada en vigor del Decreto continúen en su encargo, concluirán sus funciones al iniciar vigencia la legislación.
Los derechos laborales de las personas servidoras públicas del IVAI serán respetados en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuente el referido Instituto pasarán a formar parte de la Contraloría General del Estado.
El IVAI transferirá los recursos correspondientes al valor del inventario o plantilla de plazas a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, dentro de los 20 días hábiles siguientes, contados a partir de la entrada en vigor de la legislación, a fin de que esa dependencia realice las acciones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Las personas servidoras públicas del IVAI que dejen de prestar sus servicios en el mencionado Instituto y que estén obligadas a presentar declaración patrimonial y de intereses, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, lo realizarán en los sistemas de la Contraloría General del Estado habilitados para tal efecto. Lo anterior también es aplicable a las personas que se hayan desempeñado como servidoras públicas en el mencionado Instituto y que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto aún tengan pendiente cumplir con dicha obligación.
Los recursos materiales con que cuente el IVAI serán transferidos a la Contraloría General del Estado, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la legislación.
El IVAI transferirá los recursos financieros a la Secretaría de Finanzas y Planeación, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Asimismo, el referido Instituto deberá entregar a la citada dependencia la información y formatos necesarios para integrar la Cuenta Pública y demás informes correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la legislación.
Los registros, padrones, sistemas informáticos y claves de acceso, tanto internos como externos, que eran utilizados por el IVAI incluso los que ya no se utilicen pero contengan registros históricos, incluida su documentación y titularidad, serán transferidos a la Contraloría General del Estado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la legislación.
Hasta en tanto no se realicen las adecuaciones necesarias a la legislación el IVAI continuará operando y realizará las atribuciones que le son conferidas a las autoridades garantes locales en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
