Por Luis Ortiz
El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, interpuso una denuncia por la cantid de 670 millones 708 mil pesos en la Fiscalía General de la República por un presunto daño patrimonial en Espacios Educativos.
Se trata de fondos federales y estatales de programa como Escuelas al 100, Rendimiento, Fonden, entre otros que presuntamente fueron desviados o mal empleados en las dos últimas administraciones.
Escobar García declaró que en el monto mencionado hay fondos estatales y federales, pero que la decisión de acudir a las oficinas de la FGR se debe a que la misma denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado (FGE) que encabeza Jorge Winckler Ortiz, pero que la misma está detenida.
“No hay ningún avance, no se ha mandado a llamar a nadie, está en la congeladora”.
Aclaró que se hizo una supervisión en más de 500 obras en todo el estado y se constató que éstas están inconclusas, detectándose que de último momento la administración anterior dio un anticipo de 50 por ciento a diversas empresas para realizar las obras, pero que todo está paralizado.
«Todo indica que las empresas son fantasmas porque se han buscado los domicilios fiscales que reportaron, pero las mismas no se ubican ahí y ni siquiera responden a los llamados que se les han hecho»
Así mismo declaró que son alrededor de 30 empresas las contabilizadas en todo el estado, pero que la mayoría se reportan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pero que las mismas no aparecen, por lo que se han presentado inconformidades por parte de padres de familia quienes manifiestan que las obras de construcción en los planteles donde sus hijos estudian están a medias.
En ese tenor Ricardo García Jiménez, director de Espacios Educativos dijo que el dinero en mención estaba destinado para mejorar las escuela.
«Dicho dinero no está comprobado, no está pagado y tampoco ejercido, no hay explicación de dónde está ese dinero”.
El mal manejo de estos recursos abarca desde el 2012 al 2018, afectando principalmente la infraestructura educativa, obras que no se llevaron a cabo o que se efectuaron parcialmente y no se pagaron.
Finalizó afirmando que ahora están llevando procesos jurídicos para aclarar qué empresas son las que se encontraban involucradas y en su defecto hacer rescisiones de contratos porque las empresas no están respondiendo y atender a las que sí realizaron sus trabajos de manera correcta pero se les fue retenido el pago.
