Karla Méndez
Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García, confirmó que la Contraloría General del Estado(CGE) citó a comparecer a la empresa COMTELSAT S.A. de C.V., encargada de instalar videocamaras durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que no se descarta que pudieran presentarse denuncias.
La mandataria estatal, mencionó que esperarán a que la empresa de a conocer la documentación con la que cuenta, respecto a la instalación de cámaras de videovigilancia en todo el estado a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública(SSP) cuando estaba al frente Jaime Telléz Marié
«Los mandaron a llamar y vamos a esperar a ver que declaran y también que la Contraloría nos de el informe después de que esta empresa muestre sus papeles, sus documentos, sus contratos, vamos a esperar que primero se presente la empresa.»
La audiencia inicial está programada para el 14 de noviembre de 2025, en las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en la ciudad de Xalapa.
Es de recordar que se tuvo una inversión superior a mil millones de pesos, la cual contemplaba la instalación de más de 6,000 cámaras de seguridad en todo el estado.
Auditorías oficiales revelaron que solo alrededor de 1,900 cámaras estaban operativas al término del sexenio anterior de Cuitláhuac García Jiménez, mientras que el resto permanecía fuera de servicio o nunca fue instalado, pese a que los contratos fueron liquidados en su totalidad.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), un juez vinculó a proceso a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Finanzas, señalados por autorizar contratos con sobreprecios, irregularidades técnicas y el uso de empresas fantasma.
Las investigaciones continúan tanto en la FGE como en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y daño patrimonial.
El gobierno estatal informó además que algunas cámaras fueron instaladas sin autorización oficial y vinculadas a particulares e incluso a grupos delictivos, lo que agrava la dimensión del presunto fraude y eleva el riesgo de mal uso de la infraestructura pública de seguridad.
