En un llamado abierto, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del país pidieron a los gobiernos, en todos sus niveles, que asuman su responsabilidad de manera inmediata. «Su responsabilidad no se reduce porque haya elecciones ni pueden estar preocupados por otro objetivo que no sea cumplir a cabalidad con todos los mexicanos».
Acusaron que los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva. «Hace dos meses, Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero porque el asedio del crimen organizado era insoportable. La semana pasada, la empresa LALA se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante Tamaulipas por razones similares, lo mismo que la Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 empleados».
Reclamaron la impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables.
«El robo en autotransporte se duplicó en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2017. Y aún más grave, más de 90 políticos han perdido la vida en este proceso electoral. Esto no puede continuar así», resaltaron en un comunicado la mañana de este lunes a través de sus redes sociales.
Exigieron en esta misiva que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. «El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia».
Convocaron a quienes aspiran a un puesto de elección popular, a que preparen propuestas realistas, soluciones efectivas y acciones viables para poner fin a la inseguridad, para reducir la delincuencia y combatir al crimen organizado y la corrupción.
