No hay promesas para un futuro de desarrollo, si antes no se acaba con los rezagos de pobreza, marginalidad, violencia y despojos de tierras
A 106 años de la expedición de la ley agraria en México, los campesinos tenemos la obligación y la responsabilidad histórica de iniciar la lucha para restituir los derechos de pueblos y comunidades campesinas, indígenas y afroamericanas, que nos fueron arrebatados por las reformas neoliberales de 1992 y 1994.
Con estas reformas, se limitaron nuestros derechos al acceso a la tierra, al agua, a los bosques y selvas, a nuestros recursos naturales, y se propició el inicio del desmantelamiento de las instituciones agrarias y agropecuarias hoy acéfalas, sin la misión ni la visión que les dieron origen.
Los campesinos organizados, hemos decidido iniciar esta este proceso de lucha unitaria, para recuperar nuestros derechos plenos a la tierra y sus recursos naturales, minerales y energéticos, recuperar soberanía alimentaria y el derecho de nuestros pueblos a la recuperación de la paz y la seguridad, que el estado mexicano y sus instituciones abandonaron desde hace más de 5 lustros.
El neoliberalismo incrustado en el gobierno mexicano sistemáticamente ha venido disminuyendo en los últimos 30 años (1990-2020) presupuesto e inversión pública para el campo.
Al dejar de invertir en bienes públicos, se abandonó la investigación, el extensionismo y la asistencia técnica; la infraestructura en caminos y vías de comunicación, se privatizaron bodegas y almacenes estratégicos para el acopio para ponerlas en manos de particulares; se renunció a una política de producción de semillas y fertilizantes, se suspendió el crédito y el seguro agrícola, el neoliberalismo en el poder justifico estas acciones argumentando la necesidad de disminuir el costoso aparato burocrático del campo y al mismo tiempo aprovechar las “bondades” de los tratados comerciales
Al cancelar nuestros derechos plenos a la tierra y agua, se crearon nuevas instituciones agrarias funcionales al proyecto neoliberal, con funcionarios a modo para impulsar y facilitar la privatización y despojo de los recursos de ejidos y comunidades, y se convirtieron en férreas defensoras de los intereses de los grandes negocios de desarrolladores inmobiliarios, empresas mineras, agro empresarios y lavadores de dinero, y una nueva clase política rapaz que concentran provechos y derechos de tierras, aguas, bosques, selvas y demás recursos de nuestros pueblos.
El acceso a las tierras y el desarrollo de la propiedad social se eliminó con la reforma neoliberal del 1992. Las instituciones agrarias fueron desmanteladas de sus funciones e incluso de nombre para convertirlas en agencias al servicio de inmobiliarias, fraccionadores, mineras y agro empresas
En los últimos 5 gobiernos neoliberales, la derecha se apodero de las instituciones agrarias y productivas y en el nuevo gobierno “la derecha de la izquierda” cumple su función de culminar su desaparición al llevar 2 años de inmovilidad institucional de la SEDATU, procuraduría agraria, registro agrario, SADER, financiera nacional, FIRCO, FOCIR, INAES, INPI etc.
El discurso del nuevo gobierno de trato directo sin intermediarios, se aplica a cabalidad en el sector agrario, y agropecuario como una forma de desarmar la presión y la exigencia de la solución al rezago y a los miles de conflictos agrarios y de financiamiento productivo sin resolver en todo el país.
La 4ª transformación todavía no llega a las instituciones agrarias y agropecuarias, la corrupción campea en sus oficinas en todo el país, miles de conflictos se agudizan, mientras los nuevos funcionarios no tienen atribuciones ni ideas de cómo empezar, mientras las viejas familias de funcionarios que quedan del viejo régimen se aprovechan de la ignorancia de los nuevos funcionarios para seguir con el tráfico de influencias y la corrupción.
En 30 años, ya casi se olvida el discurso del reparto agrario, el gobierno y algunos liderazgos campesinos pusieron bandera blanca como simbolismo del fin del reparto y de los conflictos. hoy la productividad y la competitividad, acaparan la oratoria de funcionarios y líderes, como si con esto quisieran borrar de la conciencia y de las causas de las nuevas generaciones campesinas, las luchas por las que nuestros antepasados sacrificaron miles de vidas.
Sin embargo, consideramos que a más de 100 años de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar, los pueblos campesinos, indígenas y afroamericanos, tenemos la responsabilidad histórica de iniciar la lucha para recuperar nuestros derechos a la tierra, el territorio, agua, bosques, selvas, biodiversidad los cuales nos fueron arrebatados por las reformas neoliberales
Hoy impulsaremos la recuperación de nuestros derechos que se deberán de expresarse en una verdadera reforma social y constitucional al artículo 27, que reconozca y restituya derechos de pueblos campesinos y originarios, al acceso a la tierra, agua, bosques, selvas, biodiversidad, y territorios; y que establezca obligaciones del estado mexicano y sus instituciones, para realizar Acciones inmediatas y contundentes, para afectar los viejos y nuevos latifundios, y restituir en favor de los campesinos e indígenas, bosques, selvas, lugares sagrados, aguas y territorios despojados durante el periodo neoliberal; así como obligaciones del estado para impulsar su desarrollo integral y sustentable y procurar el bienestar de los pueblos campesinos, indígenas y afro mexicanos.
Este gobierno tiene que demostrar en los hechos, que va en serio la transformación de México, no solo en el discurso, sino con acciones de política pública que rompa con los grandes intereses de los modernos neo agricultores latifundistas y recupere derechos arrebatados a los campesinos de México, al amparo del poder político y el tráfico de influencias. Otro campo es posible…con dignida
