Hora cero | Luis Alberto Romero
El asesinato de Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica, vuelve a colocar sobre la mesa un tema tan doloroso como urgente: la persistencia de la violencia política en Veracruz.
La muerte de un líder comunitario con arraigo en la sierra, cercano a las comunidades indígenas y con una trayectoria marcada por la organización ciudadana, no es un hecho aislado; es parte de una realidad compleja que desde hace años afecta a quienes participan en la vida pública, sin distinción de partido, región o filiación ideológica.
Presuntamente, Juan Carlos Mezhua fue convocado bajo engaños a la comunidad de Piedras Blancas, donde fue atacado por un grupo armado.
Su asesinato generó consternación en la zona de Zongolica y reavivó las voces que, desde diversas trincheras sociales, piden justicia y un esclarecimiento puntual de los hechos. El caso se registra el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum visitaba tierras veracruzanas.
El caso, además, se registra a menos de un año de otro homicidio contra un actor político de la zona: el diputado federal Benito Aguas, del Partido Verde, también ex alcalde de Zongolica, quien fue victimado a balazos el 9 de diciembre de 2024.
Un mes antes del homicidio de Juan Carlos Mezhua, otro exalcalde, Lázaro Francisco Luria, de Chimaneca, fue asesinado en Oteapan.
Los justificados reclamos por esos tres homicidios no deben interpretarse como acusaciones, sino como un llamado natural y legítimo de una sociedad que desea vivir sin miedo y confiar en las instituciones encargadas de procurar justicia.
Veracruz ha sido históricamente uno de los estados con mayor incidencia de agresiones vinculadas a la actividad política: amenazas, ataques armados, homicidios y agresiones contra funcionarios municipales, exalcaldes, líderes comunitarios y actores de distintas fuerzas políticas. Se trata de un fenómeno en el que convergen intereses económicos y políticos, disputas locales, conflictos comunitarios e incluso tensiones históricas entre grupos regionales. Es precisamente esa complejidad la que obliga a no simplificar las causas ni reducirlas a un solo responsable.
Lo ocurrido en Zongolica y Chinameca también recuerda la vulnerabilidad de muchos liderazgos regionales, particularmente en zonas rurales, donde la presencia institucional enfrenta limitaciones geográficas, sociales y culturales.
La sierra de Zongolica, como otras regiones del estado, combina marginación, desigualdad y dinámicas comunitarias propias que muchas veces han quedado al margen de los grandes debates nacionales. Ahí, la política se vive de manera cercana, cotidiana, y la ausencia de un líder suele sentirse como una pérdida colectiva.
Por ello, más allá del comprensible dolor que dejan los asesinatos de Juan Carlos Mezhua, Benito Aguas Atlahua y Lázaro Francisco Luria, es oportuno considerar que el combate a la violencia política requiere una mirada integral: fortalecer procesos de investigación, consolidar mecanismos de protección, mejorar la coordinación entre autoridades, promover la participación ciudadana sin temor y reducir las condiciones sociales que permiten que estos hechos se repitan. Ninguna de estas tareas corresponde a un solo actor; todas forman parte de un esfuerzo que debe involucrar a instituciones, gobiernos municipales, estatal y federal, organizaciones comunitarias y sociedad en general.
@luisromero85
