Por: Lic. Antonio González Marcial / Es un hecho, el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México NAIM, es un negocio disfrazado, si bien es cierto que la gran Metrópoli necesita una obra de esa magnitud, que reúna las condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios de esas instalaciones, también es cierto, que solo un 2 por ciento de los ciudadanos hará uso de ese proyecto, el resto, 98 por ciento, unos 118 millones jamás tendrá la fortuna de subirse a un avión en su vida, aunque eso sí, la publicidad dice que es un proyecto para todos los mexicanos. La verdad que es un recurso más,de los muchos que integran el repertorio que tiene la clase política y económica del país, para meterle ruido a las decisiones que pueda tomar el nuevo gobierno. Es bueno preguntarnos, quienes y porqué decidieron ese megaproyecto. El negocio entre el Estado y el capital y por supuesto, el autoritarismo que ha caracterizado a los gobiernos de los últimos 30 años y que han impuesto este y otros proyectos sin consultar jamás a ningún sector de la sociedad. La Comisión de la Cámara de diputados encargada de estos temas, confirma que el gobierno que se va y no se ha ido, mantiene en secreto la información de las licitaciones para su construcción por unos 5 mil millones de dólares, así, la barda perimetral fue construida por el Ejército usando empresas fantasmas por 2 mil 900 millones de pesos y violando los procedimientos de la administración pública. En principio, se ha argumentado que el financiamiento del proyecto se haría con fondos privados, hoy sabemos que esto no es cierto, el engaño del nuevo aeropuerto es que se ha dado a través de un esquema financiero turbulento que se inicia con sus protagonistas y que son los beneficiarios directos del nuevo aeropuerto, los mismos que se encargaron de las privatizaciones durante el sexenio salinista, por el lado de los empresarios, Carlos Slim, Olegario Vázquez y la familia Hank, por el lado del gobierno Jacques Robozinski el economista que armó el primer tramo de las privatizaciones en el sexenio de Salinas y, que después de 18 años de ausencia de la Administración Pública, es llamado por Enrique Peña Nieto para dirigir Nacional Financiera,Institución que ha creado una red de fideicomisos públicos y privados para simular la entrada de ingresos gubernamentales al proyecto del NAIM sin que estos, sean considerados como deuda pública de todos los mexicanos,en la realidad, NAFINSA esta garantizando toda la deuda privada emitida por el AICM empresa paraestatal encargada de la construcción y administración del nuevo aeropuerto, la versión oficial es que el NAIM costaría 169 mil millones de pesos y que el gobierno mexicano solo sería responsable de aprobar el 36 % de este financiamiento, sin embargo, la realidad es que el proyecto costará 439 mil millones de pesos, de acuerdo a la estimación más reciente de la Academia de Ingeniería de México y que el gobierno mexicano a través de NAFINSA esta pagando toda la deuda contratada por AICM para pagarle a los contratistas, esto, no se hace de manera directa o abierta, porque esto ubicaría resultados para NAFINSA como deuda pública, un compromiso financiero que sería de todos los mexicanos. Lo cierto, es que hay todo un entramado financiero que realiza un sinfín de movimientos, para justificar la transa que encierra todo el proyecto y que, en sí, solo beneficia a los grandes inversionistas de siempre, dorándole la píldora al pueblo, al que actualmente será más difícil seguirle dando atole con el dedo, porque gracias al avance tecnológico y a las redes sociales, se esta generando una ciudadanía más informada y dispuesta a luchar día a día por un país que le brinde mejores niveles de bienestar.
Los ciudadanos de San Salvador Atenco y comuneros del valle de Texcoco, se han venido manifestando desde el gobierno de Vicente Fox, en contra de la construcción del aeropuerto en esa zona, porque afecta sus intereses en unas 5mil hectáreas de Texcoco y el problema está latente, tan es así, que la semana pasada estuvo presente en esa zona el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes con una comisión, para escuchar de viva voz los argumentos de los habitantes del lugar y constatar fehacientemente la problemática que reviste la construcción y las consecuencias que se pueden derivar si se insiste en llevar a cabo la obra.Por ejemplo, el asunto del medio ambiente que debería ser prioritario, precisamente en este caso, se ha relegado y, por otra parte, el NAIM ya funcionando requerirá mucha agua potable en una ciudad en crisis hídrica, los impactos por la consiguiente urbanización de esas zonas es un absurdo en una megalópolis que no debe crecer más.
Se debe exigir que este proyecto se detenga de golpe hasta que se aclare la corrupción que entraña, y se castigue a los infractores.
