Hora Cero | Luis Alberto Romero
La decisión del Ayuntamiento de Coatepec, encabezado por Raymundo Andrade Rivera, de aprobar la instalación de parquímetros en el centro histórico no solo es impopular; es políticamente torpe y socialmente desconectada de la realidad del municipio.
En una ciudad con calles estrechas, empedradas y saturadas de vehículos, el problema de fondo no es la falta de cobro, sino la ausencia de una estrategia integral de movilidad y de infraestructura pública para el estacionamiento.
Convertir el desorden vial en una fuente de recaudación parece más una salida fácil que una solución de fondo.
Coatepec es Pueblo Mágico, pero esa denominación implica una responsabilidad adicional: cuidar su identidad, su vocación turística y su dinámica social. La instalación de parquímetros digitales en 14 vialidades del primer cuadro no armoniza con esa lógica; por el contrario, amenaza con encarecer la visita, ahuyentar a consumidores locales y visitantes, y castigar a comerciantes que ya enfrentan una economía compleja.
Cobrar por estacionarse en la vía pública, sin ofrecer alternativas reales, no ordena la ciudad: la vuelve más hostil.
La pregunta inevitable es por qué la administración saliente insistió en empujar este proyecto en la recta final de su periodo. La premura despierta suspicacias legítimas. Cuando una decisión de alto impacto social se toma al vapor, sin consenso ciudadano y sin una discusión amplia, es válido preguntarse a quién beneficia realmente. ¿Se trata de un proyecto pensado para mejorar la movilidad o de un contrato que alguien quiso dejar amarrado antes de irse?
El operativo policiaco para desalojar comerciantes ambulantes en las inmediaciones del mercado “Miguel Rebolledo”, ejecutado horas antes del pronunciamiento de la gobernadora, refuerza esa percepción.
Más que un acto de reordenamiento urbano, pareció el último movimiento para “limpiar” las calles y allanar el camino a los parquímetros. El mensaje fue claro y preocupante: primero se impone el orden por la fuerza, luego se cobra por usar el espacio público.
En ese contexto, el rechazo tajante de la gobernadora Rocío Nahle no solo es oportuno, sino políticamente contundente. Al señalar que el reordenamiento vial no debe traducirse automáticamente en una carga económica para la ciudadanía, la mandataria pone el dedo en la llaga. Gobernar no es cobrar por todo, sino diseñar soluciones que equilibren movilidad, comercio y calidad de vida. Su llamado a revisar el contrato y las condiciones legales del proyecto introduce un necesario freno a una decisión que parecía consumada sin el respaldo social.
El contraste entre la visión de la gobernadora y la del alcalde saliente es evidente. Mientras desde el Ayuntamiento se apostó por un modelo recaudatorio disfrazado de modernización, desde el gobierno estatal se plantea una revisión con criterios de interés público. La coincidencia entre el rechazo ciudadano y la postura de la gobernadora deja aislada a la administración de Raymundo Andrade, y abre la puerta para que el próximo gobierno municipal, encabezado por Ignacio Luna, pueda corregir el rumbo.
Coatepec necesita orden, sí, pero no a costa de convertir sus calles en cajas registradoras ni de sembrar dudas sobre las verdaderas motivaciones de quienes gobiernan.
