Hora cero
Luis Alberto Romero
Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2024 del gobierno de Cuitláhuac García confirman que detrás del discurso de austeridad y transparencia, el manejo financiero de Veracruz dejó un boquete millonario que hoy exhibe el verdadero rostro de una administración que presumía honestidad como bandera.
De acuerdo con los informes de la ASF, el daño al erario podría superar los mil millones de pesos, producto de observaciones a diversas dependencias estatales, organismos descentralizados y programas sociales.
La auditoría reveló deficiencias graves en el uso de recursos federales destinados a educación, salud, infraestructura y seguridad pública, donde no se acreditó el destino de los fondos ni se presentaron los comprobantes correspondientes.
La ASF encontró pagos duplicados, obras inconclusas y transferencias irregulares en diferentes dependencias de la administración estatal, como la Secretaría de Salud, la de Infraestructura y Obras Públicas y la de Educación. En algunos casos, los contratos carecen de soporte técnico o se realizaron sin licitación pública, un patrón que recuerda los peores años de opacidad en la historia reciente del estado.
Las irregularidades no son menores: tan sólo en el sector educativo se detectaron desviaciones por más de 400 millones de pesos, mientras que en salud y desarrollo social el gasto carece de documentación que demuestre su aplicación real.
Esos recursos observados corresponden a fondos federales; no incluyen los recursos estatales, porque de ello se encarga el Órgano de Fiscalización Superior.
No se trata de un hecho aislado. El Informe Especial sobre Veracruz, publicado por la ASF en 2023, ya advertía un patrón reiterado de irregularidades durante el sexenio de Cuitláhuac García.
Antes de ello, entre 2011 y 2016 (administración de Javier Duarte), las auditorías federales revelaron irregularidades por más de 52 mil millones de pesos, sin considerar municipios y Universidad Veracruzana; esas auditorías derivaron en denuncias por más de 17 mil 700 millones de pesos.
Posteriormente, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes (2017-2018) siguieron las observaciones y en la administración de Cuitláhuac García, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación revelaron más daño patrimonial: subejercicios, desvíos y opacidad en la rendición de cuentas.
Pese a las promesas de “cero corrupción”, Veracruz se mantuvo entre los cinco estados con mayor número de observaciones no solventadas del país.
Lo preocupante no son solo las cifras, sino el contraste con el discurso. Cuitláhuac García hizo de la “honestidad” su carta de presentación, respaldado por el entonces presidente López Obrador, quien lo calificó como “uno de los gobernadores más íntegros del país”. Hoy, los reportes de la ASF derrumban esa narrativa. La supuesta eficiencia administrativa se desvanece ante los datos duros de un órgano técnico que no habla de percepciones, sino de números, expedientes y auditorías.
Veracruz, lamentablemente, arrastra una historia de gobiernos marcados por el desvío de recursos públicos y la corrupción durante los últimos cinco lustros; y con Cuitláhuac García, la esperanza de un cambio volvió a diluirse en los laberintos del gasto opaco y el daño patrimonial.
@luisromero85
