La Comisión de Puntos Constitucionales consumó la aprobación de cuatro iniciativas de reforma impulsadas por AMLO
La primera tanda de reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, que son parte del llamado ‘Plan C’, fue aprobada casi por unanimidad en la Cámara de Diputados. Se trata de proyectos en materia de:
- Salarios
- Vivienda
- Pensiones
- Programas sociales
La Comisión de Puntos Constitucionales consumó la aprobación de cuatro de un total de 18 iniciativas de reforma enviadas por el primer mandatario al Congreso. En los siguientes días y antes de que concluya la actual legislatura, la Cámara de Diputados sacará adelante 14 dictámenes faltantes. Entre ellos, las reformas al Poder Judicial y a la Guardia Nacional.
¿Qué reformas fueron aprobadas?
El primer dictamen que fue aprobado es el que planea hacer constitucional el ya histórico programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF). Esta iniciativa busca que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estudien.
Mientras que el segundo dictamen reforma el artículo 123 constitucional para establecer que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa por vejez. Esta importante reforma revierte los efectos de reformas neoliberales perjudiciales a los ingresos de las y los jubilados.
Por otro lado, el tercer dictamen aprobado reforma el artículo 123 de la Constitución Política. Lo anterior, para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
El último dictamen se aprobó con el fin de que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) establezca un sistema de vivienda con orientación social. Y, de esta manera, permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora. También podrá construir vivienda para que las personas trabajadoras cotizantes puedan adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley.
